Sánchez se reserva la rebaja fiscal del SMI para negociar con sus socios

El Gobierno se mantiene firme en sus convicciones. Al menos por ahora. La versión pública que sostienen los portavoces oficiales de la Moncloa es que el ala socialista de la coalición no va a rectificar el rumbo marcado por el Ministerio de Hacienda para que el salario mínimo comience a tributar por primera vez. El PSOE se ha quedado solo en esta posición. No cuenta con el aval de sus socios a la izquierda, no cuenta con la connivencia del PP ni del resto de fuerzas de derechas, ni siquiera le secundan los actores del diálogo social y, lo que es más perjudicial para sus intereses, no le avala el favor de la calle. Fuentes gubernamentales reconocen las dificultades para explicarse y la preocupación que genera que su apuesta por la «pedagogía fiscal» se tope contra el muro del eslogan populista.

No es la primera vez que Pedro Sánchez asume que ha entrado en un callejón sin salida y ordena a los suyos dar marcha atrás, aunque esto mine su ya depauperada credibilidad. El ejemplo más reciente es el decreto ómnibus al que el Congreso dio ayer luz verde en una versión recortada, después de que el Gobierno deshiciera una a una todas las proclamas contrarias a trocearlo que mantuvo durante días. En el plano meramente estratégico, la parte socialista del Ejecutivo optó ayer por cerrar filas públicamente con María Jesús Montero, ausente en la Cámara por enfermedad. No se preveía una desautorización tan inminente ni en su ausencia. Pero en privado, lo que en un primer momento fue una reacción de sorpresa por la nefasta gestión de los tiempos de Hacienda, se fue tornando ayer en dudas fundadas sobre la actuación de Montero y en un debate sobre la conveniencia no ya de si dar marcha atrás o no, sino de cuándo hacerlo.

En el seno del propio PSOE resultó incomprensible que Hacienda reventara el anuncio de la subida del salario mínimo –un activo para la coalición– con la filtración de la decisión de gravarlo con IRPF. La sorpresa se produjo, en primer término, por el error estratégico de comunicar una decisión controvertida y sin acuerdo interno que acabó eclipsando las bondades de la noticia con la que pensaban marcar la agenda. En segundo término, porque hasta ese momento se había establecido un pacto «en la discrepancia» con Sumar para dejar correr el balón en lo relativo a su tributación y priorizar la rentabilidad política de la subida de la renta a los trabajadores en condiciones más precarias. El espectáculo que se produjo durante la rueda de prensa, en la que se debatió en directo lo que no se había tratado en privado durante el Consejo de Ministros, solo sirvió para dotar de tintes más dramáticos un asunto que, todas las partes consultadas, asumen que se ha manejado «fatal».

Fuentes socialistas consultadas piden que se reconduzca la situación. Lejos de la firmeza con la que se proclama desde Moncloa que no habrá rectificación, desde otros sectores del partido valoran la pertinencia de resituarse cuanto antes y hacer «de la necesidad, virtud», parafraseando al propio Pedro Sánchez. Esto es, las citadas fuentes asumen que la rebaja fiscal a los perceptores del SMI acabará siendo una realidad y que puede convertirse en el futuro en una baza en la negociación con los socios de investidura, en cualquiera de las múltiples carpetas que están abiertas encima de la mesa.

«Hay margen para negociar», sostienen, con la convicción de que, antes de que lleguen a votarse las iniciativas que ya se han registrado por Sumar, Podemos y el PP para revertir el gravamen, habrá un acuerdo dentro de la coalición para resolver esta cuestión. «No se puede dar esa imagen de división», señalan. En la práctica, el Gobierno tiene la facultad constitucional de vetar cualquier iniciativa que suponga un detrimento de los ingresos públicos, pero la Mesa del Congreso también posee la prerrogativa de dejar sin efecto ese veto. Si el PP uniera sus votos con Sumar –ambos están de acuerdo en que el SMI no debe tributar– lograrían doblarle el brazo al Ejecutivo.