Sánchez lanza un ultimátum al PP para renovar el CGPJ este mes de junio

"El día de la marmota ha durado demasiado. Esto se acabó". Después de más de 2.000 días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Gobierno se da hasta final de este mes de junio para avanzar en su renovación. No se va a esperar más a Alberto Núñez Feijóo. Superado el carrusel de elecciones de este semestre, el Gobierno da un ultimátum al principal partido de la oposición y le emplaza, en las próximas semanas, a llegar a un acuerdo o, en caso contrario, avanzará en solitario en el Parlamento para su desbloqueo. "Nos damos hasta final de junio", ha asegurado Pedro Sánchez en una entrevista en "La hora de la 1", sino "el Gobierno de España y el Congreso dará una respuesta al atropello constitucional del secuestro al gobierno de los jueces". Posteriormente, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha puesto en contacto con su interlocutor del PP, Esteban González Pons, para emplazarle a un encuentro esta misma semana en el que puedan cerrar el pacto.

El presidente ha apuntado a algunos de los cambios que se van a impulsar. Aunque la atención suele centrarse en el sistema de mayorías para la elección de los vocales que componen el órgano, en el Ejecutivo quieren poner el foco en lo que Sánchez ha definido como "el incentivo perverso" que hace que el PP persista en el bloqueo. Este incentivo no sería otro que el de los nombramientos. La facultad del CGPJ "de poder nombrar los magistrados que van al Supremo y a los tribunales superiores de justicia". "El PP quiere seguir controlando esos nombramientos", ha señalado Sánchez, recordando el mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó en 2018, en el que se vanagloriaba ante otros senadores del PP de "seguir controlando la Sala Segunda por la puerta de atrás", la Sala del Supremo que juzgó a los encausados por el "procés". El Gobierno quiere hacer estos nombramientos más "transparentes" y "objetivos", aunque no detalla cómo lo va a conseguir.

"Plan Guilarte"

Esta propuesta de sustraer de la discrecionalidad del CGPJ los nombramientos de los jueces ya la planteó el actual presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte. En lo que se conoce como "plan Guilarte" se plantea que sean los propios jueces, sin mediar la intervención del Consejo del Poder Judicial, quienes elijan a los que ocupen puestos clave como son las presidencias de la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia o integren las salas del Tribunal Supremo, que de este modo "quedarían sustraídas a la aleatoriedad de su designación por el Consejo". En opinión de Guilarte, de este modo el Consejo dejaría de ser interesante para los partidos y se facilitarían los acuerdos para proceder a su renovación por mayoría de tres quintos, que es la que exige actualmente la Constitución.

En Moncloa llevan tiempo trabajando en fórmulas para sortear el bloqueo del PP y estas pasarían necesariamente por una revisión, a la baja, del sistema de mayorías requerido para la renovación. Aunque se limiten los nombramientos por parte del CGPJ esto no supone una renovación automática del órgano, por lo que el movimiento de hoy se entiende en clave de presión a los populares para que se avengan ya al acuerdo y también, de manera tangencial, a los jueces que, una vez ha entrado en vigor la Ley de Amnistía, tienen que aplicarla.

Fuentes gubernamentales aseguran que cualquier propuesta que se eleve para su aprobación en el Congreso tendrá que tener el aval de la Unión Europea, que ya advirtió en su día sobre su desacuerdo con rebajar los estándares democráticos de las mayorías parlamentarias. En el Ejecutivo creen que Bruselas será receptiva a sus pretensiones, después de que la mediación que los populares pidieron por parte de la Comisión Europea haya fracasado y se perciba desde las instituciones europeas que es el principal partido de la oposición quien se opone a la renovación. Tanto para restar facultades al CGPJ como para rebajar las mayorías parlamentarias, si finalmente se optase por avanzar en esta vía, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La LOPJ ya se modificó en 2021, también como medida de presión al PP, para limitar las competencias del CGPJ cuando esté en funciones, situación en la que lleva más de cinco años. Entonces, también se restringió su capacidad para hacer nombramientos, pero solo cuando su mandato se hubiera agotado. Como incentivo para que los populares desbloqueasen la renovación no tuvo ningún efecto y, por el contrario, ha provocado una situación de colapso judicial con casi un centenar de plazas de la cúpula por cubrir y con la consecuente ralentización de la acción de la justicia.

En Moncloa consideran que después de las europeas existía una "ventana de oportunidad" para alcanzar el pacto, porque ya no se atisbaría un horizonte electoral que complicase al PP proyectar un acuerdo con el PSOE. Según fuentes de ambos partidos, el acuerdo está prácticamente cerrado y si no se ha oficializado hasta el momento ha sido por cuestiones de idoneidad política. Ahora, se activa la cuenta atrás: 18 días.

Plan de regeneración democrática

Sánchez también ha avanzado que en julio se presentará una agenda para la regeneración democrática pendiente. Un compendio de medidas que el presidente anunció en la comparecencia tras sus cinco días de reflexión y que todavía no había dotado de contenido, a la espera de que transcurrieran las elecciones europeas. En la línea de cómo se está legislando ya en la Unión Europea, en el Gobierno quieren poner el foco en la financiación que reciben, lo que definen como "pseudomedios", para calibrar la intencionalidad política de las informaciones que se publican en estos portales. Sánchez ha vinculado esta cuestión con la "máquina del fango" y ha señalado que esta "máquina del fango" tiene "su sede social en la Comunidad de Madrid", donde el jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso avanza con días de antelación la actuación de los jueces.

El Ejecutivo quiere reactivarse políticamente después del ciclo electoral de casi un año en el que ha registrado sonoras derrotas -a excepción de Cataluña- resolviendo las cuestiones pendientes. La más acuciante la del CGPJ, pero también debates que se han puesto sobre la mesa sobre regeneración democrática y que sus socios le demandan, hoy mismo lo ha hecho Gabriel Rufián en la sesión de control al Gobierno, que aterrice cuanto antes. El objetivo es combatir la sensación de inoperancia que se ha instalado por el calendario electoral y el conflicto con sus socios, que han debilitado a la coalición, y que tiene ante sí el desafío más acuciante: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.