Se aferra a que Delgado no cometió una ilegalidad para evitar otra dimisión y sostiene su versión de un «ataque de Estado».

El escándalo mediático a raíz de las grabaciones a la titular de Justicia, Dolores Delgado, por parte del ex comisario José Manuel Villarejo, ha puesto nuevamente al Gobierno de Pedro Sánchez contra las cuerdas: se trata del tercer ministro en discordia, después de las dimisiones de Máxim Huerta como titular de Deportes sancionado por Hacienda, y de la de Carmen Montón como responsable de Sanidad debido al plagio de partes de su trabajo fin de máster. El presidente del Gobierno es consciente de que una nueva renuncia supondría el fin de la credibilidad del Ejecutivo que formó al inicio de su legislatura, y que presentó como el Gobierno «del cambio», por lo que Moncloa se aferra así a su única baza para mantener a Delgado y evitar el descalabro, y es que a diferencia de los anteriores ministros, de momento no hay pruebas de que haya incurrido en ninguna irregularidad legal. Las grabaciones muestran a una entonces fiscal de la Audiencia Nacional vertiendo opiniones sobre el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en compañía del magistrado Baltasar Garzón y Villarejo, pero no hay, de momento, pruebas que demuestren una de las anotaciones del ex comisario, en las que se menciona una cita con la ministra para apoyar al empresario Ángel Pérez-Maura, reclamado por la Justicia de Guatemala. Fuentes del Ejecutivo informan de que se aguantará la presión, tanto interna como externa, para forzar una nueva dimisión con el mensaje oficial de que se trata de «un ataque al Estado».

Con la lección aprendida, varias voces del Ejecutivo salieron a defender a Delgado con el mismo argumento. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó en los pasillos del Senado que la titular de Justicia «se va a mantener perfectamente» en el Ejecutivo, y confió en que se va a defender «estupendamente». En la misma línea, el ministro de Fomento y secretario de Organización, José Luis Ábalos, pidió ayer desde Granada –en el tren de pruebas del futuro AVE a la provincia– que cese «la cacería» al Gobierno, y aseguró no contemplar «ningún motivo» que justifique su dimisión. «El Gobierno tiene plena confianza en ella, pese a la manipulación de la que está siendo víctima», corroboró la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, desde la Cámara Alta, mientras que, desde la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, vinculó las filtraciones a un «ataque de la derecha y las cloacas del Estado». «A este partido no lo va a chantajear nadie», advirtió, y lamentó que «intentar acabar con la corrupción tiene un precio». Aseguró que los socialistas ya «preveían» esta situación porque «es lo que siempre ha hecho la derecha».

«Voy a estar hasta 2020»

La hoja de ruta quedó clara cuando el propio ministro de Interior mencionado en las conversaciones, y definido como «maricón», aseguró ayer públicamente, en un acto de la Guardia Civil, que el Gobierno de Sánchez se mantiene «fuerte y cohesionado» pese a la situación. Y el propio presidente descartó anoche desde Nueva York elecciones anticipadas: «Voy a estar hasta 2020», aseguró.

Para el Gobierno, ceder ante las grabaciones de Villarejo supondría mostrar debilidad, por lo que desde el primer momento parte de la estrategia es definirlas como un chantaje, no únicamente contra el Gobierno, como ya demostró el comunicado que emitió Delgado el lunes, en el que recordó los «intentos de chantaje» de Villarejo también a otras instituciones, entre ellas a la figura del ex Jefe del Estado, Don Juan Carlos. Aunque el Ejecutivo se agarre a la versión de que no hay delito en las palabras de su titular de Justicia, lo cierto es que desde la oposición, principalmente por parte del PP y de Cs, se está exigiendo la dimisión de Delgado por considerar que ha mentido. Una mancha difícil de limpiar, con la que el resto del «mapa socialista» no está nada satisfecho. Este periódico ya informó de que están creciendo las presiones en las filas socialistas, así como el «nerviosismo», ya que consideran que dentro del Ejecutivo reina el descontrol y la descoordinación, y tienen poca confianza en que Sánchez pueda terminar su legislatura a tenor de que, entre otras cuestiones, no se han aprobado aún los Presupuestos Generales del Estado para 2019. En concreto, el mensaje que llega desde las filas socialistas andaluzas es el de su «malestar» principalmente con la política de comunicación del Ejecutivo de Sánchez, ya que alegan que no hay «coherencia»: «Primero la defendieron y luego dimite. No da una imagen seria», aseguran.

Asimismo, La Sexta contactó con mujeres socialistas con cargo en el partido, que mostraron su «malestar» –lamentan las palabras de Delgado, entre ellas la referencia a su predilección por «tribunales de tíos»– y «preocupación» hacia lo que consideran un asunto «muy feo» y «difícil de superar», pese a la estrategia de defensa hacia la ministra de Justicia adoptado por el Ejecutivo. Y en privado piden su dimisión.