Sánchez se aferra a Cataluña para cerrar el curso con «éxito»

El Gobierno acaricia con la punta de los dedos el pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa. El acuerdo está a punto, pero eso no significa que esté hecho. Una vez resuelta la pugna en la mesa de negociación, quedará por librar la batalla más dura, la del relato. Con las distorsiones que emite Carles Puigdemont, los republicanos tienen que dedicarse a defender políticamente el acuerdo ante los suyos y conseguir que las bases lo avalen en la consulta vinculante que está todavía pendiente de convocatoria.

En el Ejecutivo esperan expectantes el desarrollo de los acontecimientos, con la máxima prudencia, pero con una emoción contenida. Tras el varapalo sufrido el pasado martes en el «macropleno» del Congreso de los Diputados, que trae causa –precisamente– de esta negociación que ha relegado a Junts, en Moncloa ubican un pacto inminente como el mejor cierre del curso político. «Sería un éxito», dicen, que eclipsaría la situación de inestabilidad que vive el Gobierno y que, paradójicamente, podrían acrecentarse en el futuro de lograr colocar a Salvador Illa al frente de la Generalitat.

Más allá de recuperar Cataluña para los socialistas, que pueda materializarse la investidura del líder del PSC supone un salto cualitativo. Illa ya ganó las elecciones en 2021, pero no pudo gobernar porque los independentistas sumaron mayoría absoluta. El factor diferencial en los comicios del pasado 12 de mayo fue que el independentismo perdió esa hegemonía y por primera vez en una década se abría la oportunidad de un Ejecutivo no soberanista. Que esto se concrete, y se sortee la repetición electoral, supondría culminar la estrategia de distensión que Pedro Sánchez ha desplegado en Cataluña desde que llegó a la Moncloa. Más por necesidad –por su dependencia aritmética de los independentistas– que por virtud, pero que, en cualquier caso, ha logrado desactivar al secesionismo, en su cotas más bajas de popularidad y de movilización ciudadana.

«Estamos consiguiendo que la normalización sea absoluta e imparable en Cataluña», gracias a las «políticas valientes de diálogo» del Gobierno, se reivindican en el Ejecutivo. «Los resultados de la política del Gobierno están a la vista», señaló ayer el ministro Félix Bolaños, para apuntar inmediatamente: «Hoy, el número de independentistas en Cataluña es el menor de la historia, y el número que catalanes que quieren que Cataluña forme parte de este proyecto común que es España es también el mayor. Nunca ha habido tanta diferencia. Y hoy los partidos políticos independentistas en Cataluña hacen política dentro de la ley, de la Constitución y de las instituciones democráticas».

«Las conversaciones avanzan», señalan desde el Gabinete, abonados a la «marca de la casa» que supone su máxima discreción para evitar que el acuerdo pueda descarrilar. En Moncloa juegan a varias pantallas y hacerlas todas compatibles supone un reto: conseguir que el acuerdo para investir a Illa no naufrague y, a su vez, que este no comprometa la viabilidad de la legislatura. En el Gobierno y en el PSOE asumen que Junts elevará la presión sobre la gobernabilidad como reacción a la frustración de las aspiraciones de Puigdemont de mantener viva la ficción de que puede llegar a ser presidente. La primera advertencia llegó el martes. Aunque no se tratara de una votación definitiva –el techo de gasto se puede volver a presentar en septiembre–, los posconvergentes hicieron una exhibición de fuerza y valer su influencia en Madrid, mientras son aislados en Cataluña. En Moncloa son conscientes de que en septiembre tocará «reiniciar» la relación con los independentistas y volver a restablecer los afectos, con vistas a la aprobación de las cuentas públicas en «tiempo y forma».

No obstante, pese a que Junts redoble el pulso y venda más caro su apoyo para sostener a Sánchez en el poder, las fuentes socialistas consultadas se muestran tranquilas porque creen que no existen incentivos para dejar caer al Gobierno progresista. Entienden las citadas fuentes que Junts cuenta ahora con una influencia decisiva en el Gobierno central que no querrá dilapidar. «No se han visto en otra igual», sostienen. Y que con la Ley de Amnistía todavía por aplicarse para algunos cargos independentistas, entre ellos, el propio Puigdemont, a los posconvergentes les interesa que los resortes del Estado estén controlados por una mayoría afín y no arriesgarse a que lo estén por un Gobierno de PP y Vox. En cualquier caso, esto son criterios racionales y Puigdemont no atiende a la racionalidad.