Ruz insiste en imputar al PP un delito fiscal pese a los informes de Hacienda

El juez de la Audiencia Nacional finalizó ayer la instrucción sobre los «papeles de Bárcenas» con un auto en el que propone que se juzgue a los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el ex gerente del PP Cristóbal Páez y a los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, encargados de la remodelación de la sede central del PP de Madrid, una parte de la cual, presuntamente, se abonó con dinero de la contabilidad «B» del partido; una contabilidad paralela que el PP mantuvo desde 1990 a 2008, según destaca el juez en su resolución. El magistrado considera que se han podido cometer delitos fiscales, de falsedad documental y apropiación indebida, y decreta la responsabilidad civil subsidiaria del PP en el delito fiscal que se habría cometido al haberse abonado más de millón y medio de euros en «B» en las obras de la sede de Génova.

Junto a ello, Ruz insiste en que el PP ha podido cometer un delito fiscal al no declarar las donaciones que recibió en el año 2008, las cuales, en su opinión, no están exentas de tributación, por lo que debía haberlas declarado. Esta tesis choca frontalmente con los cuatro informes de la Agencia Tributaria que concluyen justo lo contrario, es decir, que esas donaciones sí están exentas.

En este punto, el magistrado sostiene que la posible responsabilidad del PP por no presentar la declaración del Impuesto de Sociedades de 2008 por esas donaciones deriva de que las mismas no cumplieron «con el criterio de transparencia legalmente marcado, y habiéndose destinado a los pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida por el Partido al Tribunal de Cuentas». De hecho, considera que parte del dinero recibido de esas donaciones fue destinado al pago en «B» de las obras de remodelación de la sede del PP.

Uno de los aspectos esenciales de la resolución del juez Ruz es el que hace referencia a la contabilidad que existía en el PP cuando la misma estaba a cargo de Bárcenas y Lapuerta. En este punto, Ruz es contundente: «La formación política Partido Popular (PP), desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase, durante el periodo temporal objeto de investigación con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el Partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o “cajas B”».

Una parte relevante de los ingresos en la «caja B» del PP vendría, en el mencionado periodo de tiempo, por los «donativos o aportaciones», que solían realizar «personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas». Y ello, añade el juez, vulnerándose la normativa relativa a la financiación de partidos políticos.

Parte de ese dinero que figuraba en la contabilidad paralela habría sido destinado a «complementos de sueldo», «compensaciones económicas por dedicación a la actividad política», ayudas a víctimas del terrorismo, a fundaciones e incluso a pagar gastos de las campañas electorales.

Lo que tampoco parece tener dudas para el juez es que Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta utilizaron sus cargos para apropiarse de distintas cantidades de dinero, «aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada» en el PP, dinero que, como señala de forma específica en el caso de Lapuerta, «no retornó» al partido, sino que pasó a «integrar su propio patrimonio».

Acebes y empresarios

Por otro lado, el juez decreta el sobreseimiento respecto al ex secretario general del PP Ángel Acebes, al concluir que no hay indicios que acrediten que hubiese podido incurrir en responsabilidad alguna, ni por las apropiaciones de Bárcenas y Lapuerta, ni por el presunto pago en «B» de parte de la remodelación de la sede del PP.

La misma medida adopta respecto a 22 empresarios que realizaron donaciones que fueron anotadas en la contabilidad «B» del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, al no haber sido posible establecer una vinculación entre esas aportaciones y la adjudicación de contratos públicos a sus compañías.

Junto a ello, remite a los juzgados de Toledo la adjudicación supuestamente irregular a una filial de la constructora Sacyr de un contrato de basuras del ayuntamiento de la ciudad. Sin embargo, no ve indicios para que el TSJ de Castilla-La Mancha asuma esa pieza, al no apreciar responsabilidad en estos momentos de ningún aforado.