El CGPJ decidirá en breve si saca a concurso la plaza que ocupa interinamente y vuelve a su juzgado de instrucción o le prorroga otros seis meses

En mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial suspendía cautelarmente a quien hasta entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictara apertura de juicio oral contra él por la causa de las fosas con desaparecidos durante el franquismo. Poco después, el 24 de junio, el Consejo designaba al magistrado Pablo Ruz, quien en esas fechas era titular de un juzgado de Villalba (Madrid) para que se hiciera cargo del juzgado en comisión de servicio por un período inicial de seis meses. En esas fechas, el «caso Gürtel» se instruía una parte en el Tribunal Supremo –lo que afectaba a Bárcenas y Jesús Merino, que eran senador y diputado, respectivamente–, y otra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Al vencer ese período, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados le renovó por ese mismo tiempo, el 22 de diciembre de ese mismo; y así sucesivamente, hasta llegar a junio de 2012, cuando se cumplían los dos años, que es el tiempo máximo que se prevé para la sustitución de jueces titulares por otros en comisión de servicios. En esas fechas ya instruía todo lo relacionado con la presunta «trama Gürtel» y había ordenado el ingreso en prisión del considerado principal responsable de la misma, Francisco Correa. Además, Garzón había sido ya condenado por el Tribunal Supremo, por lo que el juzgado no tenía ya ningún titular.

La Audiencia Nacional apoyó a Pablo Ruz para que continuase en esa misma situación al frente del juzgado. El Consejo aceptó la propuesta y el 21 de junio de 2012 se le concedía la segunda comisión de servicios, que se renovaba cada seis meses, hasta llegar a su vencimiento, dos años después. Poco antes de esa fecha, en mayo de 2012, el entonces vocal del Consejo, Miguel Carmona, había sido designado nuevo titular del Juzgado que ocupaba transitoriamente Pablo Ruz, quien, sin embargo, continuó al frente del juzgado.

En junio de 2013, Ruz había concursado y ya era titular de un juzgado de Móstoles, que sería al que debería regresar si no se le prorroga la comisión de servicio que tiene actualmente y que vence el próximo 24 de diciembre. La última renovación en esa tercera comisión de servicios en la que se encuentra se produjo el pasado mes de junio.

Ahora, la incógnita estriba en la decisión que adoptará el Consejo General del Poder Judicial en un breve plazo, y que afectará de modo inmediato a la situación de Ruz. Dos son las opciones que debate actualmente el Consejo: sacar la plaza a concurso, para designar a un titular del juzgado –hasta que, en su caso, quisiera regresar Miguel Carmona–, o prorrogarle por otros seis meses, con los que llegaría a los dos años máximos que puede durar la comisión de servicio –es la tercera que se le concede–.

La decisión final no está clara ni decidida: «Todas las opciones están abiertas». Si el Consejo saca a concurso la plaza, Ruz no tendría prácticamente ninguna opción de continuar, ya que la designación es por estricto orden de antigüedad, y, previsiblemente, esa plaza sería solicitada por magistrados que cuentan con más años de ejercicio en la Carrera Judicial.

Sin embargo, las fuentes consultadas tampoco descartaron una opción intermedia, como sería la de sacar la plaza a concurso pero dejar a Ruz en el juzgado como refuerzo y, en todo caso, hasta que tomara posesión el nuevo titular: «Ésta podría ser una buena solución», apuntaron al respecto algunas de las fuentes del CGPJ consultadas.

Pero, además, la decisión que se adopte respecto al mencionado juzgado de la Audiencia Nacional tiene también otro aspecto que no es baladí: otras 37 plazas judiciales se encuentran en la misma situación. Y parece que el criterio que se adopte en un caso repercutirá directamente en los demás. «Lo que no se puede hacer son diferencias, no sacar a concurso una plaza y sí hacerlo con las otras, porque eso sería hacer una diferenciación que la ley no permite», explicaron al respecto.

Esta «situación complicada», como se reconoce desde el propio CGPJ, se resolverá en breve.