El juez Ismael Moreno ha rechazado vigilar con una pulsera telemática al etarra Iosu Uribetxebarria, en prisión domiciliaria por el asesinato de un guardia civil en 1986, tal y como propuso la Ertzaintza.

El juez Ismael Moreno ha rechazado vigilar con una pulsera telemática al etarra Iosu Uribetxebarria, en prisión domiciliaria por el asesinato de un guardia civil en 1986, tal y como propuso la Ertzaintza para evitarle una "lesividad mediática"por tener permanentemente en su domicilio presencia policial.

Moreno ha adoptado esta decisión en un auto argumentando que la vigilancia de la Ertzaintza en modo alguno puede suponer "cierta lesividad mediática en el entorno", ni tampoco que dé lugar a "agravar la situación del mismo", ni el devenir diario de los vecinos, como se dice en el oficio que le fue remitido por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, fechado el pasado 13 de mayo.

El juez destaca además que no hay modificación alguna de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para acordar el pasado 3 de abril la prisión domiciliaria de Bolinaga, excarcelado el verano de 2012 por enfermedad terminal, al considerar que fue él quien efectuó los disparos que acabaron con la vida del cabo de la guardia civil Antonio Ramos Ramírez en 1986.

Para pedir la colocación de la pulsera telemática, la Ertzaintza alegaba que ese sistema de control serviría para alertar del alejamiento del imputado de su domicilio, lo que supondría una presencia policial más discrecional y permitiría hacer las vigilancias directas en los momentos en que Bolinaga hiciera sus salidas programadas para el tratamiento de su enfermedad.

La pulsera hubiera permitido, según indicaba el citado oficio, una reducción de los agentes dedicados a esa vigilancia y un control menos invasivo.

El pasado 3 de abril, Moreno decretó la prisión domiciliaria de Bolinaga, lo que llevó a revocar la libertad condicional que por su enfermedad le fue concedida en 2012, al considerar que todo apunta a que fue él "quien al parecer realizó los disparos"que acabaron con la vida de Antonio Ramos, el 8 de junio de 1986 en la localidad de Arrasate, por lo que le atribuye un delito de atentado terrorista con resultado de muerte.

La citación a declarar de Bolinaga se produjo después de que la Fiscalía pidiera al juez Moreno que reabriera el caso del agente asesinado, basándose en un informe de la Guardia Civil que le implicaba a él y a los otros dos miembros del comando en este atentado.

Según ese informe, que reproduce el juez en su auto, la pistola empleada para este atentado, una FN Browning-GP 35, fue intervenida a raíz de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara -secuestro por el que Bolinaga fue condenado- y se trataría de la misma con la que fue asesinado el guardia civil Mario Leal Vaquero, el 6 de diciembre de 1985.

Bolinaga se encontraba en libertad condicional desde el 30 de agosto de 2012 después de que el juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, atendiera a los informes médicos en los que se decía que sufría un cáncer terminal y le daban para entonces 9 meses de vida.

Poco antes de que se cumpliera un año de su excarcelación, la Fiscalía pidió nuevos informes médicos para una "nueva evaluación de las circunstancias que concurren", pues todo apunta, "para bien del enfermo, que la supervivencia del penado lleva camino de superar todos los registros conocidos".

En el último informe elaborado por forenses adscritos a la Audiencia Nacional, se sostenía no obstante que Bolinaga, que rechazó ser examinado por ellos, había sufrido un empeoramiento, por lo que "se mantiene la situación de enfermedad grave e incurable", no siendo "previsible el óbito"en los próximos tres o cuatro meses "salvo complicaciones".