Víctimas y partidos rechazan el acercamiento de los presos de ETA como contrapartida por el fin de la banda terrorista.

El anuncio de la disolución de ETA ha avivado en las últimas horas las voces de quienes creen que ya no tiene sentido mantener la política de dispersión de los presos etarras que cumplen sus condenas lejos del Euskadi, pese a que el Gobierno mantiene con firmeza que no contempla ninguna modificación.

El acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco es una reivindicación histórica de la banda terrorista y su entorno que vuelve a colocarse en el centro del debate político y que el PNV considera que respondería a una demanda mayoritaria de la sociedad vasca.

Así lo ha repetido recientemente el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien además ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conoce el plan del Gobierno vasco en favor de cambios en la política penitenciaria y que "es sensible"a ello.

Pero el Gobierno del PP dice que no se va a mover.

Rajoy no ha hablado en las últimas horas ni con Urkullu ni con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, según confirman fuentes de Moncloa, y se limita a garantizar que seguirá aplicando la ley haga lo que haga ETA, algo en lo que tiene el apoyo de Ciudadanos, que se opone a cualquier cambio en la política penitenciaria que se aplica a los etarras.

La formación de Albert Rivera recuerda que aún "quedan terroristas sueltos y más de 300 asesinatos sin resolver".

Este viernes Rajoy, en una declaración institucional tras el comunicado de ETA, ha garantizado que los crímenes de la banda se seguirán investigando, que las condenas se seguirán cumpliendo y que "no hubo ni habrá impunidad".

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha añadido que el Ejecutivo "no va modificar su política penitenciaria", aunque parece inevitable que ese sea uno los temas que saldrá en la próxima reunión del Pacto Antiterrorista anunciada hoy por el presidente para analizar la situación que se abre.

Los socialistas no son partidarios de mezclar el anuncio de disolución de ETA con los cambios en la política penitenciaria, aunque sí ven conveniente empezar a plantearse el acercamiento de los presos a cárceles próximas al País Vasco "sin calendario y con discreción", en palabras del exlehendakari Patxi López.

De momento, según López, el PSOE no va a instar al Gobierno de Rajoy a que lo haga, pero reconoce que los acercamientos pueden abordarse como "un acompañante"de la lucha antiterrorista sin que sea una respuesta a la disolución de ETA.

En cualquier caso, sostienen que sería un error "gravísimo"que este asunto se convierta en tema de debate entre los partidos democráticos.

Entre quienes rechazan que la "puesta en escena de ETA"se utilice como coartada para ningún tipo de concesión están también las víctimas del terrorismo, que se oponen a que pueda "premiarse"a la banda con el acercamiento de sus presos.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, hermana del concejal del PP en Ermua asesinado por ETA, ha sido muy clara al recordar que aún existen más de trescientos crímenes sin esclarecer y que los etarras no pueden encontrar ninguna vía para la impunidad.

El colectivo de presos de ETA ha sido siempre una pieza clave de la banda para lograr sus reivindicaciones y muchos expertos y penalistas interpretan que la dispersión de los reclusos condenados por terrorismo era una medida enmarcada en la persecución del final de la banda, que una vez conseguido no tiene sentido mantener.

Ya no ven necesario impedir la reagrupación de los etarras en una misma prisión, que se rechazaba para no favorecer la transmisión de instrucciones de la organización terrorista, puesto que ETA ya no existe.

Pero el Gobierno recuerda que esa política ha sido uno de los elementos que ha llevado a la derrota de ETA y que seguirá dando los "pasos correctos", entre los que no baraja -insiste- ninguna modificación.

Lo que se decida se aplicará a todos los presos etarras encarcelados, cuyo número se ha reducido paulatinamente desde hace una década, cuando había unos 800 presos de la banda en prisión.

En este momento se calcula que todavía hay cerca de 300 etarras en la cárcel (245 en España y el resto en Francia).

Fuentes del Ejecutivo recalcan que la ley se seguirá aplicando exactamente igual que antes, y ahí incluye la 'Vía Nanclares', abierta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que tomó su nombre de la prisión Nanclares de Oca en Álava donde se trasladaba a los etarras que cumplían los requisitos exigidos.

Si renuncian a la banda, piden perdón públicamente y colaboran con la Justicia en la resolución de los crímenes sin resolver seguirá tratándose su caso de forma individualizada, igual que hasta ahora, y sin ligarlo en ningún momento a la disolución de ETA.

Efe