El PSOE ha aceptado incluir el término "lawfare" en su pacto con Junts y Carles Puigdemont para garantizar el éxito de la investidura de Pedro Sánchez. El lawfare, un concepto anglosajón que describe el uso de procedimientos judiciales con fines políticos, se ha convertido en un elemento crucial en la negociación, según anunció el número tres del PSOE, Santos Cerdán. Este acuerdo también contempla la tramitación de una ley de amnistía para eventos relacionados con el procés independentista entre 2012 y 2023, reconociendo como víctimas del presunto lawfare a figuras como Laura Borràs, la familia Pujol, o el abogado Gonzalo Boye.

La Fundación Española del Español Urgente (Fundeu) explica que el lawfare implica acciones judiciales como parte de una campaña contra un país o grupo. En este contexto político, se utiliza para describir el uso de procedimientos judiciales con objetivos de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública de un adversario.

La inclusión de este término en el pacto sugiere un cambio significativo en la percepción del PSOE sobre la existencia de "presos políticos" en España, tema que negaron durante el encarcelamiento de líderes independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O.

El acuerdo entre PSOE y Junts establece la creación de comisiones parlamentarias que decidirán si los independentistas procesados por delitos ajenos al procés podrían haber sido víctimas de la "persecución política" denunciada como lawfare. Este enfoque, que desplaza la decisión de los tribunales a comisiones parlamentarias, marca un cambio radical en la forma en que se aborda la judicialización de la política en España.