«Púnica II»: la Guardia Civil hará más detenciones de empresarios y políticos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, directamente o través de los acuartelamientos del Cuerpo, está recibiendo estos días una auténtica avalancha de llamadas y correos electrónicos de personas que se ofrecen a facilitar datos sobre la trama corrupta que ha sido desarticulada en la «operación Púnica», que, en principio, se ha saldado con la detención de una treintena de personas y la imputación de otro medio centenar. Por ello, según fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN, no se descarta que a medio plazo se produzcan nuevos arrestos, entre ellos políticos y empresarios, y registros. La colaboración ciudadana, que casi siempre se suele producir en operaciones de la Benemérita, resulta especialmente importante en este caso (afecta no sólo a Madrid, sino también a distintos puntos de España), por el alto grado de indignación que ha causado en la opinión pública el conocimiento de las actividades de la citada trama. Se estima que ha provocado un perjuicio al erario público cifrado en unos 250 millones de euros.

Para los agentes de la UCO empieza hoy lunes una labor dura, pero no menos interesante que la que han realizado hasta ahora: tienen que analizar, no sólo las denuncias que han presentado de forma espontánea numerosos ciudadanos, sino los contratos que se incautaron en ayuntamientos, entidades comerciales y otras corporaciones, muchos de ellos a favor de la empresa Cofely, filial del grupo energético francés GDF Suez, con el fin de determinar si existen nuevas irregularidades además de las ya detectadas.

Se trata de una labor metódica, en la que los agentes no dejan pasar ningún detalle. A este respecto, se recuerda cómo en una reciente investigación dos agentes de la UCO renunciaron a sus vacaciones de verano para examinar una documentación en la que, en principio, no parecía haber ningún tipo de irregularidades... hasta que, al final, dieron con ellas. Según las investigaciones realizadas hasta ahora, Cofely utilizó a Granados, Marjaliza y De Pedro Llorca para que determinados ayuntamientos le adjudicaran el suministro y el mantenimiento de la red eléctrica municipal.

La empresa gala habría logrado un negocio superior a los 200 millones de euros en los últimos años, gracias a contratos adjudicados por los consistorios de Valdemoro, Parla, Collado-Villalba, Móstoles, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, entre otros.

Cuando se produjo la operación la semana pasada, estaban en marcha las gestiones para obtener otra licitación, en este caso del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). Los resultados de las investigaciones serán comunicados al juez instructor Eloy Velasco y a la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que, a la vista de las actuaciones, decidan si hay que realizar nuevas detenciones y registros. Las fuentes consultadas por este periódico dan como seguro que, a medio plazo, habrá actuaciones de este tipo, incluidos arrestos.

Una trama más amplia

Se sospecha que la trama que encabezaban el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, es mucho más amplia de lo que hasta ahora se ha podido conocer de las actuaciones judiciales.

Sobre el contenido de las llamadas y correos electrónicos que están llegando en los últimos días a la UCO, señalaron que se trata de informaciones, algunas de ellas muy precisas, de contratos realizados por algunos ayuntamientos y otras corporaciones; reuniones mantenidas por los hasta ahora encartados con otras personas que, sin embargo, permanecen al margen de cualquier sospecha; y otras que, por su carácter operativo, se mantienen en secreto. Los ciudadanos que desean colaborar en este caso, que tanta conmoción ha causado a la opinión pública, raras veces han utilizado el anonimato, lo que demuestra su buena fe, y, en muchos casos se han dirigido directamente a la UCO a través de los procedimientos de internet que esta unidad, al igual que otra de las Fuerzas de Seguridad del Estado, tienen establecidos.

Dichos sistemas garantizan que nadie, salvo las personas autorizadas, puedan conocer el nombre de los que contribuyen a que presuntos delitos se puedan resolver y sus autores sean detenidos. En cualquier caso, según las citadas fuentes, la colaboración ciudadana demuestra hasta qué punto la sociedad está mostrando su hartazgo por tantos casos de corrupción como aparecen todos los días en los medios de comunicación. A este respecto, la labor de la Guardia Civil, como la de la Policía hace unas semanas, cuando fue detenido un violador-pederasta en Madrid, demuestra hasta qué punto los ciudadanos confían en las Fuerzas de Seguridad para resolver los problemas. Por otra parte, el PP de León anunció ayer que presentará una moción de censura ante la negativa del presidente de la Diputación Marcos Martínez a dimitir tras ser imputado en la trama.