Puigdemont se planteó sumarse a la huelga pero no fue consultado por sus ex consellers

Carles Puigdemont valoró la posibilidad de sumarse a la huelga de hambre iniciada el pasado día 1 por el líder soberanista Jordi Sánchez y el ex conseller Jordi Turull –a la que posteriormente se sumaron los también ex consellers Joaquim Forn y Josep Rull– para protestar por la supuesta demora del Tribunal Constitucional en resolver sus peticiones de libertad y la suspensión de su condición de parlamentarios. Así lo aseguraron a este periódico fuentes de su entorno, que mantienen que el ex presidente de la Generalitat no fue informado previamente por sus ex consellers de la adopción de esa medida de presión. «En absoluto fue una decisión suya. Le informaron cuando la decisión estaba tomada», apuntan.

Puigdemont, no obstante, no puso ningún reparo. «Él no se va a oponer a nada de lo que decidan los presos, que son los que están sufriendo la privación de libertad», explican. Pero, finalmente, el líder independentista descartó esa posibilidad por las dificultades de verificar una huelga de hambre fuera de prisión y por la trascendencia para la causa independentista de su actual labor de altavoz del «procés» ante instancias europeas, una agenda que se vería comprometida si se sumase a la huelga de hambre.

Al margen de esa medida de presión, fuentes de las defensas de los procesados son conscientes de que la decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo de rechazar la recusación de Manuel Marchena, que presidirá el juicio, y de los otros seis magistrados que componen la Sala, «despeja el camino» a la celebración de la vista donde las defensas plantearán sus cuestiones previas. Y es que aunque esa resolución, sostienen, se puede impugnar de nulidad con vistas a la interposición de un recurso de amparo ante el TC, esa iniciativa no suspende la convocatoria de la vista. Un trámite que, prevén, «se despachará en un día porque es una vista de carácter técnico». No obstante, creen que «cada vez es más difícil» que la misma se convoque en diciembre. «No veo al Supremo celebrándola la semana del 25 a Nochevieja», subrayan.

Las defensas de los acusados ultiman ya el listado de testigos que propondrán al tribunal, entre los que según las fuentes consultadas estarán tanto la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el actual senador del PP Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía, de quien recientemente se hizo público un mensaje de WhatsApp en el que se felicitaba de que el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, con Marchena de presidente, permitía controlar «desde detrás» la Sala Penal del Supremo. Su testimonio, aseguran, es «la fórmula más directa para probar la falta de imparcialidad del Supremo en esta causa». Pero Rajoy, previsiblemente, no estará en esa lista. «No ha sido la persona clave en todo esto –sostienen–. Todo se ha jugado un escalón por debajo» (dicen, en referencia a la ex vicepresidenta del Gobierno).

Lo que tienen claro es que el tribunal «va a comprimir al máximo» la vista oral, «con sesiones de mañana y tarde de lunes a jueves», lo que hará que el juicio dure menos de dos meses. Una vez se notifique la sentencia, «en junio o julio», Puigdemont y su entorno están seguros de que el juez Pablo Llarena cursará una tercera euroorden para reclamar su entrega. Ya se ha producido alguna reunión de coordinación de sus abogados planteando ese escenario procesal. Pero el resultado, confían, «será el mismo que antes, porque el problema no es de fundamentos jurídicos sino de hechos, y los hechos por los que le reclama el Supremo no son delitos fuera de España».