El PSOE hace el juego a Junts y amenaza con usar la Ley de Sociedades de Capital para "obligar" a las empresas a volver a Cataluña

Son horas decisivas para salvar tres decretos del Gobierno y el PSOE, consciente de ello, ha evitado entrar al choque con Junts a pesar de la última exigencia de los de Carles Puigdemont: sancionar a las empresas que no vuelvan a Cataluña. El portavoz de los socialistas Patxi López, que ha evitado rechazar o criticar explícitamente el planteamiento de Junts, ha desgranado cuáles son las tres propuestas para hacer volver a las empresas a Cataluña: facilitar que las empresas vuelvan; el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, haciendo referencia al artículo 9; y, garantizar la seguridad jurídica. "En esos parámetros estamos hablando para ver cómo podemos manejarnos para facilitar la vuelta de empresas", ha afirmado López.

En concreto, el segundo punto es el que puede albergar mayor polémica del plan del PSOE para hacer que las empresas vuelvan a Cataluña porque está poniendo encima de la mesa un posible pleito con las compañías. El artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital estipula que "las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación": es decir, todas aquellas que han trasladado solo su domicilio pero han dejado "su principal establecimiento o explotación" en Cataluña, como ocurre con la mayoría, se pueden ver forzadas a volver en función de cómo decida el Gobierno gestionar ese precepto, ya que, de las palabras de López, se desprende que en el PSOE consideran que las empresas están incumplimiento la ley.

Lo cierto es que el PSOE necesita los votos de Junts y es consciente de que va a tener que ir cumpliendo con todas las exigencias que vaya poniendo encima de la mesa. Los socialistas continúan confiando en poder sacar adelante los tres decretos que se votan este miércoles en un Pleno en el Congreso, aunque sigue muy lejos de atar los apoyos necesarios. Así, en el PSOE y en el Gobierno circulan por una línea fina en la que la posibilidad de caerse es real a cada momento. En medio de la negociación intentan que no salte por los aires con su respuesta al órdago planteado por Junts con las sanciones a empresas. La ministra portavoz evitó también rechazar la propuesta de los de Puigdemont y, con ello, alimentó la ambigüedad para evitar un nuevo encontronazo con los independentistas en un momento de vital importancia en la negociación para el decreto "ómnibus". "Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas”, ha replicado la también ministra de Educación, quien no ha dado nombres de partidos sino que ha apelado a “todos los grupos parlamentarios” a “decir sí” a las medidas planteadas, aseguró la ministra portavoz Pilar Alegría. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha incidido en la seguridad jurídica y la "confianza institucional". A su juicio, son "elementos clave".

Fuentes del Gobierno reconocen la falta de repuesta pero se limitan a aclarar si rechazan o apoyan a Junts en su afrenta contra las empresas. "Hay ambigüedad porque hay respeto a las negociaciones", se limitan a señalar. En el Ejecutivo la discreción es máxima sobre la negociación con Junts y al ser un momento decisivo, se evita verbalizar el rechazo al partido de Carles Puigdemont. Saben que cualquier palabra puede ser utilizada en la contra en la mesa de negociación.