Procesadas por integrarse en Daesh las dos españolas repatriadas de Siria que se casaron con yihadistas

«Mientras una ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, miembro de un tribunal yihadista dentro del Estado Islámico, la otra ayudaba y soportaba la actividad de su marido, combatiente del Daesh». El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado por un delito de integración en la organización terrorista Daesh a las dos mujeres españolas casadas con yihadistas que fueron repatriadas desde Siria hace un año junto a sus hijos. El magistrado considera que Yolanda Martínez y Luna Fernández participaron en España en actividades en favor de la organización yihadista antes de desplazarse de forma voluntaria a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, «aceptando el mismo destino que ellos» una vez proclamado el pseudocalifato en junio de 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi y «con plena voluntad de mantener su integración» en Daesh. «Han realizado todas las pautas de conducta que se esperan de la mujer integrada en el Estado Islámico», sostiene el instructor, quien señala que educaron a sus hijos «siguiendo las pautas del Daesh, integrándose en dicha organización y asumiendo el rol reservado» para ellas por la organización terrorista.

En la resolución en la que acuerda la medida, asigna a ambas un destacado papel, durante su estancia en España, en el seno de grupo de mujeres de los integrantes de la Brigada Al-Andalus, pues afirma que mantenían contactos con otras mujeres que servían para introducir a las conversas dentro de una visión rigorista del Islam.

Según el relato de hechos, ambas se desplazaron a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, «compartiendo y aceptando el mismo destino que ellos, con la plena voluntad de formar parte de la organización y la finalidad de poner a su disposición toda su capacidad en las funciones que la propia organización les asignara».

Las procesadas –a quienes Pedraz envió a prisión provisional en enero del pasado año, medida cautelar que ahora ratifica– «siempre mostraron su voluntad «de ser miembros de Daesh y solo solicitaron ser repatriadas a España tras el sitio y caída de la ciudad siria de Baguz, el último bastión yihadista. Pedraz les atribuye además labores de adoctrinamiento con sus hijos y con otros menores a su cargo en favor de la organización terrorista.

Dijeron al juez que solo "cuidaban a sus hijos"

La resolución incide en que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la integración en una organización terrorista no requiere necesariamente de la participación en actos violentos, pues basta «un alistamiento con voluntad de colaborar activamente» que se plasme en actos de auxilio "en las actividades promovidas», lo que el juez da por acreditado en este caso.

En busca y captura internacional por terrorismo desde 2019, las madrileñas Yolanda Martínez Cobos, de 37 años y con cuatro hijos, y Luna Fernández Grande, de 36 años y que tenía a su cargo a ocho menores, negaron en su comparecencia judicial de hace un año su pertenencia a Daesh y explicaron que viajaron a Siria voluntariamente porque sus maridos habían encontrado allí trabajo, negando que llevaran a cabo cometido alguno para la organización terrorista porque se limitaban a «a cuidar de sus hijos».

Ambas fueron localizadas en el campo de acogida de Al Hawl, en el este de Siria, controlado por el Ejército sirio tras la caída de Baguz, por su supuesta condición de combatientes terroristas extranjeros (foreign terrorist fighters).

Martínez Cobos es la esposa del supuesto terrorista de Daesh Omar el Harchi el Fertakh, mientras que Luna Fernández se encontraba en ese campo de acogida junto a los cuatro hijos que tuvo con el yihadista, ya fallecido, Mohamed el Amin Aabou, y a otros cuatro menores de dos matrimonios que habrían muerto en combate y de los que asumió su custodia.

La Fiscalía, que también imputa a las dos mujeres un delito contra los derechos y deberes familiares, solicitó al juez sin éxito que les suspendiera el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. Pedraz se negó al considerar innecesaria la medida, instada para evitar el posible adoctrinamiento de los menores, puesto que una vez en prisión desaparece ese riesgo.