PNV: de dar «estabilidad» al Estado a promover el derecho a decidir

In extremis. El PNV apuró casi hasta el último minuto su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un aval que les pone frente a una contradicción, la de su propio discurso.

In extremis. El PNV apuró casi hasta el último minuto su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un aval que les pone frente a una contradicción, la de su propio discurso, ya que durante semanas sostuvieron que no desbloquearían las cuentas públicas mientras el artículo 155 siguiera vigente en Cataluña. Sin embargo, y tras una importante contraprestación presupuestaria, los nacionalistas dieron luz verde ayer a los PGE, escudándose en la salvaguarda de la estabilidad del Estado, una actitud que contrasta con el impulso casi paralelo de un nuevo Estatuto en el País Vasco que recoge el derecho a decidir.

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, defendió que según le consta a su formación –por señales catalanas– el levantamiento del 155 es «inminente». Esteban también relacionó su decisión con el «clima de inestabilidad» que se desencadenaría en España en caso de que cayeran los Presupuestos y, por ende, el Gobierno se viera obligado a convocar elecciones. Ante esta situación de excepcionalidad, el portavoz del PNV se mostró convencido de que se «reforzarían» las posiciones de aquellos partidos que quieren mantener la intervención en la autonomía catalana –en alusión a Ciudadanos–, por lo que la campaña electoral pilotaría en torno a una puja por ver quién es más duro con Cataluña. En este sentido, Esteban se confesó «impresionado» por las últimas propuestas del líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre reformar el delito de rebelión en el Código Penal u obligar por el ley a jurar el cargo a los responsables públicos. Unos postulados que nacen al calor de la conflicto catalán y que consideró «preocupantes».

Los nacionalistas vascos aseguran que «al PP y al Gobierno le quema la situación de Cataluña» y que no negociaron con ellos hasta la «víspera de la enmienda a la totalidad», «cuando había que tomar una decisión» Su cambio de criterio, sostienen, supone «un beneficio para los ciudadanos, a pesar de poner en riesgo la imagen del PNV».

Pero, mientras garantizaban la estabilidad de las cuentas se aliaban en el Parlamento Vasco con EH Bildu para aprobar el preámbulo del nuevo estatuto vasco. Un texto que reedita el «Plan Ibarretxe» pero con unos tintes más radicales. Podemos acusó incluso a los nacionalistas de emplear este acuerdo para «blanquear» sus acuerdos con el PP en el Congreso .

En dicho preámbulo reivindican la identidad nacional y el derecho a decidir de los ciudadanos «de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa». Se trata del «derecho y la capacidad de los vascos para decidir, expresar su voluntad colectiva». La actualización de ese autogobierno vasco destacan que «debe atender al principio de legalidad», un nuevo modelo de relación de «igual a igual» con el Estado español, basado en la bilateralidad y de naturaleza «confederal». No obstante, precisa que dicho respeto a la legalidad «no debe provocar la vulneración del principio democrático», del que se afirma que «exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca». Alude a una «Euskal Herria» de siete territorios «articulados en dos Estados europeos: español y francés».

El texto, que analiza la posible reforma del estatus político de Euskadi, salió adelante con la mayoría que suman el PNV y EH Bildu, pese a que no contó con el respaldo de E-Podemos, el PSE-EE ni el PP. El preámbulo consensuado por ambas formaciones recoge buena parte de los planteamientos que el PNV y EH Bildu incluyeron en sus respectivas propuestas globales registradas en febrero.

Pero no sólo el preámbulo generó polémica sino el título preliminar, un borrador que se debatirá la semana que viene en la comisión parlamentaria. En dicho texto hace una diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía, algo que ya fue parte del fallido «Plan Ibarretxe». En uno de los epígrafes destaca que «ciudadanos» vascos serán «las personas que vivan en el sujeto político con independencia de cuál sea su procedencia o nacionalidad» y que anudará con la vecindad administrativa en alguno de los municipios del Sujeto Político. La nacionalidad vasca incluye «a la ciudadanía vasca en los términos aprobados por ley en el Parlamento Vasco» y advierte de que no habrá «discriminación» por razón de su nacionalidad. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó de «especialmente inquietante» la «persistencia» de PNV y EH Bildu en «separar» en el nuevo Estatuto a «ciudadanos y nacionales vascos», como «ya lo intentó el plan Ibarretxe».