La salida de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, que se ha cumplido en seis meses, contrasta con el largo periodo de tiempo que llevan pendientes las exhumaciones de 121 cadáveres cuyos familiares han solicitado al Gobierno que salgan también de las criptas de Cuelgamuros. Desde 2016 y por vía de los tribunales –el TSJM levantó el pasado marzo las medidas cautelares que impedían las obras–, en el caso de la familia de los hermanos Lapeña, fusilados en 1936 en el barranco de la Bartolina, en Calatayud, y trasladados al Valle de los Caídos en 1959, donde reposan hoy 33.847 víctimas de la Guerra Civil.

A la cabeza de esta iniciativa está Purificación Lapeña, nieta, por parte de padre y madre, de represaliados republicanos. Su padre, Manuel, murió en 2021 a los 97 años, sin ver culminar la autorización del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Lorenzo de El Escorial para exhumar a los hermanos Manuel –su padre– y Ramiro Lapeña Altabás –su tío–. Tampoco estará presente si llega ese momento el fallecido Miguel Ángel Capapé, referente del movimiento memorialista en Aragón, marido de Purificación.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, dijo esta semana que la salida de los restos mortales del fundador de la Falange supone «un paso más en la resignificación del Valle de Cuelgamuros», que se inició con la exhumación de los restos de Franco en 2019 y que continuará, aseguró, de manera «muy rápida» con el intento de búsqueda de los republicanos reclamados por sus familiares, que se encuentran en la Cripta del Sepulcro del recinto.

Los trabajos, que comenzaron el pasado diciembre, están muy avanzados y en unas semanas se podrá acceder a las criptas para poder entregarlos a sus deudos. Si consiguen identificarlos, precisó Martínez. Porque el Gobierno es consciente de las dificultades que supone la tarea en unas criptas donde el episodio de la exhumación de 133 navarros en 1980 es significativo, por el estado en que ya entonces se encontraban los columbarios: aquellas familias se llevaron una «montonera» de huesos sin identificar, según el testimonio recogido por este diario, aunque se cuidó al menos «que no se metieran dos cráneos en la misma caja», porque «se recogieron restos hasta con palas», en palabras de Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que habló tiempo después con testigos de los hechos.

Humedades, cajas deshechas, restos mezclados... el estado de los osarios es de un deterioro general

Las complicaciones no son pocas. En la zona donde se encontrarían los restos de los Lapeña, como en otros osarios, hay partes mejor conservadas, según un estudio del Instituto Eduardo Torroja del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) pero los de posiciones inferiores han sufrido una humedad de décadas. Las cajas de madera de los nichos colectivos aparecían completamente destrozadas por el tiempo, con la consiguiente mezcla de los restos óseos, amén del traslado de otros enterramientos dentro del propio recinto funerario. Hay que recordar que en 1990 hubo también exhumaciones a causa, precisamente, de unas humedades que estaban dañando el techo de la sacristía de la basílica, por lo que hubo que intervenir en dos osarios superiores, y los restos se reubicaron en la propia basílica.

Pero la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos no ceja en su empeño. Y parece más cerca de su objetivo, a tenor de las declaraciones de Purificación Lapeña a «Heraldo» esta semana: «Con nuestros restos van muy lentos, aunque nos explicaron a las familias en una reunión con la directora general de Patrimonio Nacional y un arquitecto el mes pasado que van a empezar por el nivel más bajo para evitar problemas de seguridad, pero no saben cuándo».

Sin embargo, otras 262 familias que representa la ADVC temen que estos trabajos no lleguen a ningún lado y perturben el «reposo» de sus deudos, para los que piden «respeto». Hasta ahora, 154 han presentado formalmente su oposición ante Patrimonio Nacional y ante la abadía benedictina para «expresar por escrito su negativa a que toquen a los suyos», apunta Linares. «Están esperando, si se da el caso, a luchar en bloque para evitarlo con recursos judiciales que vamos a llevar desde la ADVC», explica.

Tras las obras de afianzamiento e instalación de ventiladores para la recogida del aire exterior, llega el momento clave: la entrada en juego de los forenses en busca de ADN.

Es el turno del Alcázar de Toledo

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno seguirá aplicando con «tranquilidad y normalidad» la Ley de Memoria Democrática al ser preguntada si las siguientes exhumaciones serán las de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, enterrados en el Alcázar de Toledo. «Con el respeto que merece este tipo de actuaciones», precisó.