Nuevo fraude millonario de cursos de formación en Andalucía

La Junta de Andalucía se enfrenta a un fraude masivo en cursos de formación. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional investiga un fraude en ayudas para desempleados que podría alcanzar los 2.000 millones de euros, según informó ayer Libertad Digital.

La raíz de la investigación está en Málaga. La Policía y la Seguridad Social abrieron una investigación a más de 200 personas por un fraude de unos tres millones de euros que ahora adquiere una dimensión mucho mayor. Las pesquisas se centran fundamentalmente entre los años 2009 y 2011. Los consejeros de Empleo en esa etapa fueron Antonio Fernández y Manuel Recio. Las posibles irregularidades se centran en la simulación de cursos que contaron con alumnos ficticios, así como otros posibles ilícitos penales como falsificación de documentos.

El portavoz de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, fue preguntado ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno por esta trama masiva de cursos, conocida como «Operación EDU» y aseguró desconocerla, al tiempo que se sorprendió de una cuantía tan abultada. El fraude de los ERE ronda los mil millones de euros, incluyendo intereses y partidas fuera de cobertura presupuestaria. Sin embargo, las partidas para formación han sido muy superiores. Esta circunstancia ya la deslizó el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en su segunda comparecencia ante la juez Alaya. El ex alto cargo aseguró que si en su departamento «se movían unos 54 millones de euros al año» de la partida 31L –más conocida como «fondo de reptiles»–, esta cantidad «era una parte muy pequeña del presupuesto comparado con la parte destinada a la Dirección General de Formación y Empleo, que era de unos 290 millones de euros».

Prueba de ello es el reciente informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de la partida 32D de formación profesional para el empleo. La Junta inyectó sólo en 2009 y 2010, los dos años objeto de la fiscalización del órgano de extracción parlamentaria, casi 800 millones de euros, que presentaban todo tipo de irregularidades. Y no hay que perder de vista que además de la partida 32D para formación, existen otras como la 32L, la 32K o la 32B, todas ellas dirigidas a acciones sobre el empleo.

En este campo llueve sobre mojado. La Justicia investiga irregularidades contables de UGT-A en partidas finalistas de la Junta, fundamentalmente cursos de formación.

La Udef ya ha remitido un informe previo a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga después de una investigación de más de un año en el que se ha interrogado a empresarios, presuntos alumnos que no habían realizado los cursos, y miembros de la Administración andaluza y de los sindicatos, según las mismas fuentes consultadas por Efe, que señalan que «la investigación se desarrollará en toda Andalucía en fechas muy próximas». La Udef acabaría de remitir a la Fiscalía –que coordina las actuaciones– la relación de las empresas afectadas y los cargos que estarían en el punto de mira. En Málaga, 15 empresas de la provincia estarían especializadas en impartir cursos a parados y, supuestamente, parte de estos ciclos formativos están siendo investigados, aunque hay otras empresas que, finalizados los presuntos cursos, se disolvían. Las sospechas se centran en conocer a los «conseguidores» que estaban alrededor de las subvenciones que tramitaba la Junta de Andalucía. En este caso serían asesorías y gestorías quienes camuflaban el fraude endosando las ayudas a empreas y a repartir los fondos públicos. En los infomes policiales remitidos a la Fiscalía Anticorrupción destaca que la concesión de ayudas a la formación no respetaba «los criterios básicos más primitivos». Y es que algunos de los beneficiarios no estaban ni siquiera al corriente de pago con Hacienda. En la correlación de firmas fraudulentas, los investigadores incluyen varias que recibieron ayudas millonarias sin que consteque estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social.

La Policía cree que SAE desembolsaba un 75 por ciento del importe a las empresas que gestionaban los cursos fantasmas y el 25 por ciento restante quedaba en manos de funcionariso público sin que nadie se preguntara el por qué.