Múltiples deficiencias subsanadas sin inspección in situ

El técnico del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, Josep Ruiz Sánchez, quien debía realizar los informes favorables a la adjudicación de la licencia medioambiental a la sociedad Transportes Azkar, pasó de detectar 35 deficiencias en el proyecto a ninguna en poco más de un mes. A esta conclusión llega la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su último informe con fecha del 6 de febrero de 2013, en el que destaca «la ausencia de justificación en el cambio de criterio del técnico» y que se produce, entre otras gestiones, después de la mediación de José Blanco a favor de su «amigo» José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar.

Una vez edificada la nave industrial de Transportes Azkar e iniciada la actividad en el edificio, Josep Ruiz realizó una visita de inspección a la nave el 16 de abril de 2012 para comprobar la efectiva adecuación de la documentación presentada en el proyecto. Tras la visita, el técnico detectó un total de 35 deficiencias que incluyó en su informe de control inicial y en el que se instaba a la sociedad «a subsanar las deficiencias mencionadas y comunicar al Ayuntamiento la correcta verificación de las instalaciones». En concreto, Ruiz comprobó la existencia de 14 irregularidades en las instalaciones finalmente construidas, con respecto a la documentación presentada en el proyecto, así como otras 21 deficiencias documentales.

Sin embargo, en poco más de un mes, el 25 de junio, el técnico municipal expedía un nuevo informe de control de la actividad de la empresa en el que consideraba subsanadas todas las irregularidades, «si bien no se realiza una inspección de las instalaciones in situ para comprobar la adecuación de dicha documentación con la modificación requerida de las instalaciones».

Previamente, el mismo técnico ya había firmado dos informes desfavorables al otorgamiento de la licencia ambiental a la sociedad, con fecha de 30 de septiembre y 29 de diciembre de 2010. Pero, en cuanto se produce una reunión entre el alcalde de la localidad Jaume Bosch y José Antonio Orozco, el técnico «cambia los criterios» mantenidos hasta el momento, según señalan los agentes de la brigada de blanqueo de capitales de la UDEF.

A partir de entonces, el técnico «obvia la necesidad de licencia ambiental para el aparcamiento», hace «caso omiso al requerimiento de clasificar la actividad de parking dentro del catálogo de actividades económica de la CNAE» y exonera a la empresa de la obligación de «instalar nuevas medidas de seguridad con el subsiguiente ahorro de 175.000 euros o 500.000 euros en función del tipo de medida a adoptar», aceptando la postura de Azkar de calificar el nivel de riesgo de la zona de distribución como «Bajo 1», cuando antes lo había considerado como «Bajo 2».

Estas consideraciones evidencian y complementan las conclusiones de un informe anterior en el que se describían las «actuaciones de José Blanco a favor de su amigo José Antonio Orozco ante el Ayuntamiento de Sant Boi, para que éste consiguiera una licencia administrativa para la construcción de una nave industrial.