Los motivos de la ley de amnistía: Defiende que la Constitución no la prohíbe y que sirve para "garantizar la convivencia"

El PSOE ha filtrado la ley de amnistía, a expensas de que la registre junto a todos sus socios de investidura en el Congreso de los Diputados en las próximas horas. El texto ha generado todo tipo de expectativas en el Congreso de los Diputados y fricciones entre socios. De hecho, el acuerdo para conseguir una amnistía para los líderes del procés, llega en medio de tensiones y horas de negociación. Finalmente abarca los delitos de los independentistas durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 e implica anular "la responsabilidad penal, administrativa y contable" de todas las personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso independentista.

No solo amnistía a los líderes del procés, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, sino también a los principales dirigentes independentistas, a directores de colegios del 1-O, alcaldes, manifestantes y policías que actuaron durante el referéndum. La proposición de ley no incluye referencia ninguna al "lawfare" o a la persecución política desde los tribunales, tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre las sentencias judiciales.

En la proposición de ley, adelantada por eldiario.es, se defiende que con este texto, las Cortes Generales acuden de nuevo a "un mecanismo constitucional" que refuerza el "Estado de derecho" para dar una "respuesta adecuada" más de diez años después del referéndum "cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro".

El texto de la proposición de ley, de 23 páginas de extensión, justifica en su exposición de motivo que la Constitución “no prohíbe la institución jurídica de la amnistía”, sino que solo una “manifestación concreta del derecho de gracia”, como son los indultos. Se basa el PSOE y el resto de socios de investidura en la sentencia 147/1986 para defender que se afirma que es “erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa”.

En la justificación de motivos de la proposición de ley se argumenta que la amnistía se reconoce “en el orden constitucional de buena parte de los países de nuestro entorno geográfico e influencia jurídica”. Cita textos constitucionales de Italia, Francia o Portugal, para defender la legalidad de la amnistía. Y, concretamente, la Ley 38-A/2023, de 2 de agosto, de Portugal, “que amnistía a todos los jóvenes de entre dieciséis y treinta años por la comisión de determinados delitos, con motivo de la visita del papa Francisco a dicho país”.

Además, se basa en que otras normas constitucionales de países como Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda o Suecia, si bien no mencionan expresamente la amnistía, “ello no ha impedido que se afirmara su constitucionalidad”.

Según la proposición de ley, la amnistía “lejos de ser una figura inconstitucional”, forma parte “del pacto fundacional de la democracia española y se presenta como una facultad de las Cortes Generales”.

En el preámbulo de la ley se defiende que con la amnistía el legislador pretende "excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político".

Además, se recuerda la "facultad legislativa" del Congreso para articular la "decisión política" y se explica que persigue la consecución de "superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados" en la búsqueda de la "mejora de la convivencia y la cohesión social", así como "de una integración de las diversas sensibilidades políticas".

La norma no solo abarca la organización y celebración de la consulta y el referéndum de autodeterminación, sino también otros actos de "profunda conexión" con estos, como "los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables", se incluye, además, "la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables", así como los actos que acreditan "una tensión política, social e institucional.