Moncloa y Junts negocian sortear la Constitución

El marco europeo y la Constitución española son los dos grandes obstáculos contra los que batalla el Gobierno para conseguir cerrar el acuerdo sobre inmigración que le exige Junts en el plazo de un mes. Es el tiempo que tiene para evitar que se vote la moción de confianza y salga contraria a los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esto coincide, además, con el momento en el que el Ejecutivo debería cerrar ya con el Gobierno de Canarias el acuerdo para reubicar 4.500 menores extranjeros no acompañados (menas) entre las autonomías antes del verano. Se esperan novedades en esta misma semana.

A pesar de los citados dos inconvenientes, la Unión Europea y la Constitución, el pacto estaba prácticamente cerrado hace unas semanas, antes de que por segunda vez Moncloa diera la orden a la Mesa del Congreso de los Diputados de mantener congelada la tramitación de la citada proposición no de ley de Junts sobre la moción de confianza contra el jefe del Ejecutivo.

Tan es así, que desde la delegación negociadora se anticipaba entonces que los flecos técnicos que faltaban por resolver quedarían arreglados en semanas, y que, antes de que se votara la proposición no de ley con la censura encubierta, tendrían el pacto con el PSOE y esto les permitiría retirarla de la Cámara.

Para Interior, la demanda en materia de competencias totales en inmigración por parte de Junts es «un gran problema», y así lo reconocen en los niveles más técnicos a LA RAZÓN, pero el ministro, finalmente, no tendrá más remedio que bajar la cabeza.

La redacción final del pacto aún no se conoce, pero lo que sí anticipan quienes se sientan en la mesa negociadora es que Moncloa está viendo cómo sortear la obligación legal para pasar esta carpeta sin utilizar la vía del artículo 150 de la Carta Magna, que es el que permite delegar en una comunidad autónoma la gestión de una competencia exclusiva del Estado.

Esta transferencia exige de una ley orgánica que, para su aprobación, necesita de una mayoría absoluta de 176 diputados, que Sánchez no tiene para sacarla adelante.

A ninguna de las partes se le escapa que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut dice que está fuera de la Carta Magna que la Generalitat asuma la competencia exclusiva en inmigración, porque esto le daría facultades sobre los cupos de inmigrantes que llegan a Cataluña –justo lo que exige Junts. Las competencias que tienen las comunidades en esta materia afectan a cuestiones relacionadas con la integración, la formación o la tramitación de permisos de trabajo.

El alcance de lo que pide Junts es «mayúsculo», y le daría mucha potencia en Cataluña para competir con Alianza Catalana y también con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Sería de este último la responsabilidad de desplegar estas nuevas competencias, y Junts le exigiría cada día, de concretarse la cesión, que lo hiciera en su nivel más extremo, lo que chocaría con sus socios de izquierdas. Porque de lo que está hablando el partido de Carles Puigdemont es de conseguir que los Mossos asuman el control de las fronteras, después de que en noviembre Illa ya anunció que asumirán la seguridad de los puertos y aeropuertos, implicando esto la retirada de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de estas instalaciones (a lo que siempre se había opuesto también el ministro del Interior).

Y, aun así, Junts incluye otras dos demandas, que deberían aparecer en el acuerdo. Moncloa, como es habitual, airea en Madrid el mensaje de que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, Junts hace mucho ruido en público, pero luego acaba aceptando recortes en sus planteamientos de partida y estos quedan diluidos. «Venden más de lo que hay, y entendemos el juego y se les deja hacer en el diseño de su relato porque es más importante que la Legislatura siga adelante, y continúen aprobándose medidas sociales como la reducción de la jornada laboral o la subida del Salario Mínimo».

Esto es lo que dicen las terminales del Gobierno, pero lo que consta a día de hoy es que Puigdemont ha metido en el paquete negociador que la Generalitat fije el cupo de extranjeros que pueden residir en Cataluña y pueda también expulsar a los inmigrantes.

Además de tener en contra la Constitución, la negociación en marcha choca con el marco europeo, donde no hay ningún país que haya traspasado a sus gobiernos regionales las competencias en el control de fronteras, por ejemplo.

Por cierto, con el uso oficial del catalán en las instituciones de la UE ocurre lo mismo, aunque a finales del año pasado el mensaje que la delegación del Gobierno hizo llegar a Waterloo era igual de optimista que el que se transmitía con la cesión de la inmigración. Según los mensajeros del Gobierno a Waterloo, el asunto iba a quedar resuelto en dos meses por lo avanzada que iba la negociación por parte del ministro Albares. Este no deja de hablar del catalán en todos los actos diplomáticos en los que participa, pero, al mismo tiempo, los niveles técnicos de su Ministerio son igual de reacios a esta cesión como lo son los de Interior con lo que tiene que ver con la inmigración.

En ese delicado último asunto, mientras, de manera unilateral, sin tener en cuenta al resto de comunidades, el Gobierno negocia privilegios con Junts y, por otro lado, se está a la espera de que esta misma semana se conozca el decreto por el que el Gobierno está decidido a reubicar a 4.000 menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, y otros 500 de Ceuta, e imponerles su tutela a las comunidades autónomas de la península.

Según se ha filtrado hasta ahora, las simulaciones dejan fuera a País Vasco y a Cataluña del reparto de los menores, y tampoco quedan garantizados los fondos hasta la mayoría de edad. Ahora habrá que ver cuál es la respuesta del PP y de sus gobiernos autonómicos ante un marco que, de confirmarse, les dejaría en una situación de desventaja.