La «mesa» de Ginebra decidirá los fondos de las comunidades

La «mesa» de negociación que el Gobierno y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont inauguraron ese sábado en Ginebra no tiene solo en la agenda el espinoso asunto del llamado «conflicto político» en Cataluña. Puigdemont pretende ser el árbitro de todas las decisiones que afecten al modelo autonómico en su conjunto, y en la agenda de este foro bilateral estarán también las cuestiones clave que afectan a todas las comunidades autónomas. Los foros multilaterales, como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), quedan así convertidos en órganos de paja, ya que estos marcos de decisión se trasladan de manera implícita fuera de España y con Puigdemont como agente decisivo.

El independentismo lleva varias legislaturas instalando en el rechazo al multilateralismo. ERC ya sacó de la anterior investidura de Pedro Sánchez la «mesa» bilateral, que, aunque no funcionó oficialmente, porque los republicanos se plegaron a la exigencia socialista de mantener en la sombra la negociación por la penalización en términos de opinión pública que les suponía, sí fue el marco en el que, sin luz y taquígrafos, se decidieron indultos y reformas del Código Penal en lo que afecta a los delitos de sedición y malversación, por ejemplo.

Puigdemont necesita ir más allá, y, de momento, ha logrado que Sánchez traspase la línea roja de la verificación internacional, que ya planteó ERC en 2019, aconsejada por EH-Bildu, si bien entonces el PSOE se negó categóricamente porque suponía aceptar, decían, la «propaganda soberanista» de dos Estados en colisión.

Desde el entorno socialista están filtrando que, aunque su sede esté en Ginebra, la mesa de negociación es la prueba de que Puigdemont ha vuelto al «pragmatismo», y de que ahora acepta lo que antes rechazaba y condenaba de ERC. Prueba de ello, se justifican también, es que ya no solo quiere hablar de la cuestión nacional y del referéndum de autodeterminación, sobre el que las posturas están muy encontradas, sino también de economía, fiscalidad, financiación, inversiones y otros temas que suponen, teóricamente, pasar pagina de la posición rupturista que mantuvo en la pasada legislatura. Estos temas, según fuentes de Junts, se debatirán en la «mesa» con verificación internacional, pero también, según ERC, en la mesa bilateral que el Gobierno ha creado con ellos, como coste de la investidura, y que se añade a la que ya hay entre el Gobierno y la Generalitat. Un juego de «mus» en el que los gurús del presidente creen que pueden engañar a todos a la vez.

Por ahora, lo que está claro es que el pragmatismo que Moncloa atribuía antes a ERC es hoy la etiqueta que animan a sus plataformas afines a colgar a Puigdemont, convirtiéndole así en una especie de supuesto seguidor del camino que ya hizo en el pasado Oriol Junqueras. Y que las reuniones se tengan que celebrar fuera de España, en la clandestinidad, a pesar de que Junts no es un partido clandestino, es solo consecuencia de que todavía no esté en vigor la ley dé amnistía, apostillan para restar relevancia a una situación excepcional.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la llave maestra para cuadrar la negociación con Puigdemont fuera de España y la que afecta al resto de comunidades autónomas. Se antoja complicado, aunque en el entorno de Sánchez también están poniendo especial interés en resaltar que los barones del PP acabarán acogiéndose, aunque lo critiquen, a medidas como la de la condonación de la deuda «por su propio interés».

Mientras, las demás comunidades se preparan para la «guerra», con todos los instrumentos a su alcance, contra una negociación a sus espaldas y que afecta a cuestiones en las que todas ellas son parte por verse directamente afectadas. En Ginebra también se negociarán las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Puigdemont exigirá cobrarse a cambio de su apoyo al PSOE en la Cámara Baja,

Esta nueva versión pragmática de Puigdemont, centrado en recuperar supuestamente su papel como «lobby» en Madrid, en defensa de los intereses del tejido productivo catalán, la están abonando también desde Junts, Y quienes tienen contacto con el expresidente catalán cuentan que está interesado en que desde las cúpulas de grandes empresas vuelvan a marcar su teléfono, aunque en su entorno más próximo puntualizan, sin embargo, que el apoyo de los diputados de Junts a iniciativas económicas y fiscales, que puedan ser del interés de determinados colectivos o empresas, debe incluir, asimismo, algún pago político en lo que tiene que ver con el reconocimiento de Cataluña como Nación. Si esto es pura retórica se verá según vaya avanzando la legislatura. De momento, Puigdemont presume de que gracias a Sánchez se le han vuelto a abrir importantes canales de interlocución rotos por el «procés», y que incluso tiene vía de diálogo con la oposición –aunque todavía su estatus es de huido de la Justicia española bajo graves acusaciones delictivas. En paralelo, el PP, después del nuevo acto multitudinario que ayer celebraron en Madrid, frenará la estrategia de movilización en la calle para no agotarla antes de tiempo. Después del éxito de las últimas convocatorias, los populares se reservarán las fuerzas para cuando se apruebe la ley de amnistía, salvo que antes haya alguna novedad de alcance en el calendario político.