La Fiscalía pide que Junqueras, otros siete ex consejeros de Puigdemont y «los Jordis» sigan en prisión por riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

El vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, otros siete ex consellers y los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis», seguirán en prisión al menos hasta el próximo lunes. Tras declarar ayer durante tres horas y media ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena –instructor de la macrocausa por rebelión, sedición y malversación contra los impulsores del «procés»– la Fiscalía y la acusación popular que ejerce VOX solicitaron al magistrado que mantenga en la cárcel a todos ellos ante la existencia de riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Pero Llarena no dará a conocer su decisión al respecto hasta pasado mañana, horas antes del comienzo de la campaña electoral del 21-D.

Durante sus declaraciones, los investigados acataron el artículo 155 y se mostraron dispuestos a desarrollar su actividad política dentro de los cauces «democráticos». Ni Junqueras ni Raül Romeva contestaron a las preguntas de la Fiscalía, al contrario que Joaquim Forn y Meritxell Borràs, que respondieron a todas las cuestiones que les plantearon.

Según fuentes presentes en sus comparecencias, los antiguos consejeros de Carles Puigdemont, algunos de los cuales «hicieron autocrítica» respecto a la vía unilateral emprendida por el entonces Govern, se mostraron dispuestos, cada uno «a su manera», a circunscribir su actividad política a una interpretación «flexible» de la Constitución que permita abrir «una etapa de diálogo y de entendimiento» que ampare el reconocimiento del derecho a decidir. En este sentido, según esas mismas fuentes, los investigados hicieron en varias ocasiones referencia a la puesta en marcha de una «nueva estrategia», llegando a mencionar expresamente algunos, como el propio Romeva o Carles Mundó, su apuesta por la «vía escocesa».

Ni la Fiscalía del Tribunal Supremo ni el abogado de VOX, Javier Ortega, apreciaron en los ex consellers y «los Jordis» una voluntad firme y sincera de acatar la legalidad en el futuro. De ahí que consideren que las circunstancias que les llevaron a prisión –en especial la gravedad de los delitos imputados y las penas que llevan aparejadas y el riesgo de fuga y de reiteración delictiva– «no han cambiado». Todos ellos, insistieron los fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, forman parte de una organización criminal «que sigue adelante con su hoja de ruta», por lo que dejarles en libertad «supone facilitar esas actividad delictiva». «No hay un abandono del objetivo, lo que cambia es la estrategia», aseguran.

El abogado de la acusación popular denunció además que el hecho de acatar el 155 y el compromiso a ceñir su defensa de la independencia de Cataluña a «vías democráticas» es «un fraude procesal» que sólo busca salir de prisión para participar en la campaña electoral porque «ninguno ha negado los hechos imputados».

Para las defensas, ese paso al frente debería ser suficiente para salir en libertad. «Tampoco se trata de venir aquí de “abrazafarolas”», aseguraban fuentes de la defensa de los ex consejeros del PDeCAT en relación a una posible tibieza al respecto.

De hecho, los ex consellers hicieron hincapié en que mantenerlos en la cárcel conculca su derecho fundamental a la participación política. «Han planteado que preparar unas elecciones desde Soto del Real o Estremera no es lo mismo», apuntaron fuentes de la defensa. «No hay igualdad de armas con el resto de los candidatos», se quejan.

Respecto al acatamiento del artículo 155, que acarreó el cese de todo el Govern y la convocatoria de elecciones en Cataluña, los comparecientes dejaron clara su discrepancia «jurídica y política» con el alcance de su aplicación. «Si te presentas a unas elecciones convocadas por el Gobierno en aplicación del 155 obviamente lo estás acatando», apuntaron.

Pero donde todos ellos echaron el resto fue en el intento de convencer al juez de que no abrigan ninguna intención de volverse a saltar la legalidad en su actividad política. Unas manifestaciones «evasivas» según fuentes de las acusaciones, que aseguran que únicamente se comprometieron a acatar «una Constitución a su medida que ampare sus reivindicaciones independentistas». «Todos han coincidido en que la Carta Magna es interpretable», aseguran las fuentes consultadas por este periódico.

Asimismo, negaron la posibilidad de que, en caso de recuperar la libertad, puedan destruir pruebas (otro de los supuestos en los que se sustenta la prisión provisional). «Manifestaron que al no estar ya al frente de sus consejerías no tienen capacidad para destruir documentación».

A preguntas de sus abogados, los ex consellers y «los Jordis» rechazaron el uso de la violencia (elemento clave en el delito de rebelión que se les imputa a los primeros) e, igualmente, a perseverar en la vía unilateral, apostando por «cauces democráticos» (aunque sin referirse expresamente a la legalidad vigente). De hecho, Cuixart y Sánchez achacaron a «pequeños grupos incontrolados» los altercados frente a las consejerías los pasados 20 y 21 de septiembre e insistieron en que convocaron «una protesta pacífica».

Un compromiso que para la Fiscalía es insuficiente para desbaratar o difuminar el riesgo de reiteración delictiva.