Despide a Melgar con críticas a su política de nombramientos, “que auguraban un sombrío panorama para los progresistas”

La Unión Progresista de Fiscales, cuyo congreso clausura esta noche la ministra de Justicia, Dolores Delgado, considera del todo punto indispensable propiciar una mayor autonomía y responsabilidad en el funcionamiento del Ministerio Fiscal, con un procedimiento «transparente de selección del fiscal general del Estado con intervención de expertos, que ponga fin a la práctica actual» en la que el Gobierno lo designa «de manera completamente opaca, sin constancia alguna del asesoramiento técnico que haya recabado al efecto». Y todo ello, según se constata en las conclusiones de la UPF, con la perspectiva de que a corto plazo se otorgue a los fiscales la investigación de los procedimientos, siempre que salga adelante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -el anterior titular de Justicia, Rafael Catalá, pretendía llevar al Parlamento el anteproyecto después del verano-.

La valoración de los fiscales progresistas sobre los escasos seis meses de Julían Sánchez Melgar al frente de la Fiscalia General del Estado no es nada positiva. Así, pese a su “facilidad de trato y correción”, le reprocha no haber tenido más liderazgo respecto a cuestiones como la defensa de la competencia fiscal respecto al Ministerio de Justicia, y, especialmente su política de nombramientos, «los pocos que ha tenido tiempo de proponer, pero que auguraban un sombrío panorama para los progresistas».

En relación con lo anterior, reclaman un «cambio radical en la política de nombramientos», en lo que a plazas discrecicionales se refiere, al considerar que actualmente «las plazas apetecibles, aún antes de ser creadas, tiene ya adjudicatario y sólo queda la posibilidad de resignación», situación que, asegura la UPF, «ha conducido a una hegemonía casi absoluta en los nombramientos de candidatos pertenecientes a la Asociación de Fiscales» -mayoritaria en la Carrera y que resultó vencedora en las elecciones al Consejo Fiscal-. Por ello, piden que el fiscal general del Estado no tenga que seguir la opinión del Consejo Fiscal al respecto y que «con absoluta libertad de criterio», pero basándose en los criterios de mérito y capacidad, para lo cual proponen la creación de uan Comisión de Valoración de méritos, pueda proponer a quien considere más capacitado para el cargo o plaza en cuestión, «sin ligamen, herencia o cortapisa alguna, de ningún tipo».

Por otro lado, la UPF ha reclamado la derogación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece los plazos máximos para terminar la instrucción de los procedimientos penales, fijados actualmente en seis y 18 meses en función si la causa se considera simple o compleja -aunque puede prorrogarse ese plazo si lo pide el fiscal o cualquier acusación-. En su lugar proponen que esos plazos deberían coincidir o aproximarse en lo posible a los establecidos para la prescripción de los delitos que se persigan en esas cuasas.

En relación con el conflicto catalán, esta asociación rechaza de plano que pueda hablarse en España de la existencia de «presos políticos», a la vez que ratifica el compromiso con el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad constitucionalmente establecida.