La UDEF no pudo acceder a archivos de la empresa que «encubrió» a Oleguer Pujol

Malestar en el seno de la investigación al benjamín del ex president por las trabas de Holanda a la inspección de los agentes

El registro de las oficinas de la empresa holandesa de la que se habría servido Oleguer Pujol para ocultar comisiones millonarias no dejó nada satisfechas a las autoridades españolas que investigan por blanqueo y fraude fiscal al benjamín del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Fuentes de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz expresaron abiertamente a este periódico su malestar por el procedimiento que llevó a cabo la Policía holandesa para recabar la información solicitada por el magistrado para esclarecer las supuestas operaciones de lavado de dinero.

La entrada y registro en la sede de la sociedad International Tax Planning Services (ITPS) se llevó a cabo en La Haya el pasado 17 de diciembre. En la inspección participaron el fiscal de Anticorrupción José Grinda, dos agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), un tercero asignado a la embajada española y varios agentes holandeses encargados de velar escrupulosamente por que la inspección se ciñera a la petición de auxilio judicial remitida desde la Audiencia Nacional. «No se nos permitió seleccionar la documentación ni filtrarla», se quejan fuentes de la investigación, que recuerdan que los agentes holandeses que supervisaron el registro de la sede empresarial se limitaron a extraer del servidor de la sociedad los archivos en los que figuraban determinados nombres clave (los de Oleguer Pujol y su ex socio Luis Iglesias, entre otros). «No pudimos ni buscar posibles archivos que hubiesen sido borrados», lamentan esas mismas fuentes, que explican que la documentación recabada por la Audiencia Nacional en esa diligencia judicial «es sobre todo en formato papel».

Operación sospechosa

La Policía holandesa, de hecho, advirtió a los agentes españoles antes de practicar el registro de que, conforme a su legislación, la sociedad no tenía obligación de conservar las cuentas anteriores a 2008, por lo que éstas podían haber sido destruidas. No obstante, la delegación española pudo constatar la existencia de balances económicos de ITPS anteriores y posteriores a esa fecha.

ITPS se encargó de crear las dos empresas pantalla (Ard Choille y Marway) de las que, supuestamente, se sirvió Oleguer Pujol para cobrar comisiones millonarias por asesorías inmobiliarias sospechosas. El hijo menor del ex president Jordi Pujol utilizó la primera de las empresas, por ejemplo, para ingresar 3,4 millones de euros (una cantidad que, en función de diversas cláusulas, podía elevarse a 6,8) en el año 2008 por servicios de asesoramiento en la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.177,38 millones de euros.

Pero no fue Ard Choille quien realmente realizó esas labores de asesoría, pues subcontrató ese cometido y lo dejó en manos de Aegle International, propiedad del entonces socio de Oleguer Javier Iglesias. Un año después, el hijo de Jordi Pujol adquiría el 50% de esta sociedad por 339 euros que, según la UDEF, ni siquiera llegó a desembolsar.

En esa misma compraventa también prestó servicios de asesoría la otra sociedad creada por ITPS, Marway, que cobró 3,1 millones (que igualmente podían elevarse a 6,2 en función de determinadas variables). Los agentes de la UDEF encargados del caso pudieron esclarecer los detalles de toda la operación gracias a un disco duro externo incautado en el domicilio de Oleguer Pujol. Finalmente, los dos socios percibieron por esas supuestas asesorías algo más de cinco millones de euros.

Envío de la documentación

El registro de la sede de ITPS en La Haya era, por tanto, determinante para rastrear el cobro de esas comisiones millonarias y arrojar luz sobre el supuesto blanqueo. Pero esa información tardará en llegar a manos del juez Pedraz, pues a la previsible impugnación de la medida por parte de Oleguer Pujol se le sumará, previsiblemente, la de los representantes legales de la sociedad holandesa, lo que, según las fuentes consultadas, «retrasará unos meses el envío de toda la documentación».

Esa demora podría acarrear que la previsible inhibición de Pedraz en favor del juez José de la Mata, que instruye la «macrocausa» contra seis de los nueve miembros de la familia Pujol Ferrusola, también se retrase, dado parece más lógico que el magistrado no dé ese paso hasta que reciba toda la documentación solicitada al extranjero sobre los siete «pelotazos» urbanísticos en los que Oleguer Pujol cobró jugosas comisiones. Sin embargo, fuentes jurídicas no descartan que Anticorrupción inste antes a Pedraz a inhibirse de la causa ante la «conexidad» de las actuaciones con la investigación liderada por De la Mata.