La UDEF halla indicios de un presunto cohecho de Blanco

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) quiere más tiempo para seguir investigando el «caso Campeón» porque ha encontrado indicios de un presunto delito de cohecho. El hilo viene de las investigaciones abiertas sobre la casa comprada por el ex ministro José Blanco a finales de 2006, y que fue reformada más tarde por la empresa Trepia Inversiones (vinculada con el empresario José Antonio Orozco).

La instrucción del «caso Campeón» en el Tribunal Supremo lleva ya tiempo a punto de cerrarse. Éste es, de hecho, el deseo del juez José Ramón Soriano, pero el escenario puede cambiar radicalmente con la petición que le realizará la Policía, en el informe que debe llegar al Supremo a muy corto plazo, de seguir investigando al tener seguridad de que hay material para hacer más contundente la acusación contra el ex ministro socialista antes de formular la petición de suplicatorio al Congreso de los Diputados.

En este sentido, las distintas fuentes consultadas por LA RAZÓN creen que la acusación contra el ex ministro de Fomento se podría dirigir por los dos delitos respecto a los que aludía la jueza Estela San José cuando remitió al Supremo la exposición razonada: tráfico de influencias, que es más subjetivo y más fácil de ser «tumbado» con una buena defensa, y cohecho (aunque estaba centrado en el supuesto pago de 200.000 euros a Blanco en una gasolinera de Guitiriz, sin relación, por tanto, con la compra del chalé). En principio el juez se inclinaría por aceptar esta solicitud de ampliación de diligencias y permitir a la Policía que acabe el dictamen sobre todos los extremos que podrían afectar a José Blanco.

Hay que recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a la finalización de la instrucción de la causa, al entender, precisamente, que sería necesario practicar otras diligencias para completar la investigación y depurar los posibles ilícitos penales en los que haya podido incurrir el ex titular de Fomento.

El magistrado, por su parte, resolvió el pasado lunes dar por finalizada la instrucción, «dirigida a la terminación de las diligencias encomendadas a la Policía Judicial para formalizar esta fase instructora, que debía contar con el suplicatorio del Congreso de los Diputados (art. 71.2 CE), que sólo pudo evitarlo provisionalmente la condescendencia del denunciado, que se brindó a prestar testimonio sin tal requisito».

Es decir, considera el instructor que, en principio, no hay más informes policiales que solicitar y que sólo resta por recibir el que la UDEF debe entregar, relacionado con la compra del chalé en la madrileña localidad de Las Rozas, en una exclusiva urbanización.

Sin embargo, y aquí es donde puede entrar en juego el nuevo informe que se requiera a la UDEF para que practique otras diligencias, aunque se confirmase la finalización de la instrucción, ello, tal como destacaba el instructor, no quita «la facultad de pedir diligencias de prueba al Ministerio Fiscal» llegado a ese trámite el proceso, «o interesar de la propia Policía Judicial adscrita a la investigación los dictámenes periciales que estime pertinentes». Sería en esta fase cuando se acordase la práctica de nuevas diligencias por la UDEF, las tendentes a esclarecer lo relacionado con esa compra.

Las dudas policiales

Y es que la Policía siempre ha tenido dudas sobre cómo se pagó una parte del inmueble. En relación con este extremo, uno de los informes de la UDEF, entregado el 24 de septiembre de 2012, sostenía que el pago de la vivienda se realizó mediante la entrega de tres cheques, por un valor total de 670.000 euros.

Sin embargo, los agentes sostenían que el precio por el que se vendía era de 900.000 euros, por lo que el «precio declarado» es inferior al real, «existiendo un desfase» de, al menos, 230.000 euros. Esta cantidad, en lo que constituye uno de los elementos claves de ese dictamen policial, fue abonada por los compradores «con fondos de origen desconocido, de los que disponía directa o indirectamente el comprador, empleando para ello una fórmula ajena al sistema empleado para financiar la casa (mediante cheque bancario)».

Hasta ayer mismo, el ex ministro no dio ninguna explicación de ese punto, y antes de que se reciba el informe de la UDEF, en previsión del contenido del mismo, se ponía la venda antes que la herida, al reconocer que no fue él quien pagó 100.000 de los casi 170.000 euros que costó esa reforma. La abonó el PSOE con cargo a la partida del Ministerio del Interior por motivos de «seguridad», de acuerdo con las directrices policiales.