La UCO señala a ex altos cargos del PP de Valencia y apunta a una supuesta financiación ilegal

El sumario del «caso Imelsa» deja al descubierto, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «la asociación delictiva que formaban ciertos miembros del Partido Popular de la provincia de Valencia, cuyo objetivo sería el cobro de comisiones ilegales como contraprestación de contratos adjudicados desde empresas públicas como Ciegsa o Imelsa, tanto para financiar el partido así como enriquecerse a título individual». El levantamiento del secreto que pesaba sobre la investigación revela igualmente el modus operandi que –según declaró a los agentes Marcos Benavent, ex gerente de Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia y autoproclamado como el «yonqui del dinero»– se seguía para la entrega de las mordidas.

Tal y como consta en un informe de la UCO incluido en el sumario del caso, Benavent contó a la Guardia Civil en junio de 2015 que el dinero se entregaba «en bolsas» en comidas que se celebraban, entre otros, en el restaurante Pilsenen. Allí mismo, aseguró, él entregó cantidades de dinero, supuestamente destinadas a financiar al PP provincial, tanto a Juan José Medina, ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, y a Emilio Llopis, quien fuera jefe de gabinete del presidente de la corporación Alfonso Rus. Para Benavent, el actual presidente del PP de Valencia, Vicente Betoret, estaba al tanto «sin duda» de esas entregas y de su procedencia. Eso sí, matizó «no tener constancia de que haya recibido comisiones».

Benavent explicó a la UCO en esa declaración incorporada al sumario del «caso Imelsa» –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– que él se encargaba de recaudar el dinero de los empresarios beneficiados con adjudicaciones de obra pública por parte de la administración valenciana. Esas cantidades, añadió, se las entregaba al propio Rus, a Medina, a Llopis y al ex vicepresidente segundo de la Diputación (y también ex consejero delegado de Ciegsa) Máximo Caturla. Este último, según el «arrepentido», tenía «capacidad de decisión sobre la adjudicación de contratos relativos a infraestructuras educativas».

El informe de la UCO reseña al respecto que «él mismo entregó cantidades de dinero a Juan José Medina y a Emilio Llopis, que en ocasiones entregaba esos importes a Alfonso Rus en el coche al salir de las comidas que generalmente se celebraban en el restaurante Pilsenen».

Siempre según las declaraciones efectuadas por el «yonqui del dinero», el ex presidente de la Diputacion de Valencia, Alfonso Rus, recaudaba comisiones tanto para su enriquecimiento personal como para financiar al partido e inclsuo al equipo de fútbol Olimpic de Xàtiva, qu él mismo presidía como alcalde que era de esa localidad. Estas comisiónes solían er de 30.000 euros, «o múltiplos de 30.000, más IVA». Las mismas eran aportadas por empresas que luego las facturaban a la empresa provincial Imelsa, por trabajos inexistentes.

Por otra parte, Benavent tambén explicó que mediante la empresa Ciegsa, creada para la construcción de colegios, también se cobraron abultadas comisiones, tanto por la construcción de los colegios, como de posteriores modificados, por los que también cobraban comisiones. Benavent señala a ex altos cargos de la Generalitat como el ex vicepresidente Víctor Campos, los ex consellers Alejandro Font de Mora y Gerardo Camps y el director de Régimen Económico de Educación Alejandro Bañares como las personas encargadas de controlar las adjudicaciones.

En consecuencia, la Guardia Civil concluye que «los superiores de Caturla en la Generalitat tendrían conocimiento de que desde Ciegsa se estaría financiando el Partido Popular provincial», si bien deducen que «podría existir una estrategia de recaudación de dinero en el seno del Partido Popular autonómico».

De las declaraciones ante la Guardia Civil de Benavent, los agentes deducen (y así lo plasman en un informe) que «Víctor Campos habría realizado entregas de dinero a Alfonso Rus, poniendo de manifiesto nuevamente la existencia de fondos opacos obtenidos de manera ilícita tanto a nivel autonómico como provincial».

También de dichas declaraciones entienden que «la necesidad de financiar al PP de Valencia era mayor, debido a que su presidente (Rus) no ostentaba el cargo de presidente de la Diputación -2005/06- y se entiende que tendría más dificultades para recaudar».

La Guardia Civil cree que los fondos que manejaba el PP autonómico «no son sistemas estancos, sino jerarquizados y con un mismo fin». Sólo así se justificaría, concluye la UCO, «el consentimiento por parte de altos de cargos de la Generalitat de que el alcalde de Xátiva pudiese tomar decisiones sobre adjudicaciones y cobrar comisiones de una empresa dependiente de la Generalitat».

Además del lucro que obtuvo el partido, el informe de la Guardia Civil señala a Benavent, Caturla, Rus, su exjefe de gabinete Emilio Llopis y el dirigente del PP provincial y exalcalde de Moncada Juan José Medina también como beneficiarios del cobro de comisiones.

Para el día de hoy se espera con máximo interés la declaración del expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, ante el juez que instruye el caso. También se tomará declaración al suegro de Marcos Benavent.