Con la sentencia del «procés», que con toda probabilidad se publicará entre el lunes y el martes, se avecina un nuevo huracán político en Cataluña, una circunstancia que, como es natural, ha puesto en alerta al empresariado catalán. En este sentido, la patronal catalana, Foment del Treball, salió ayer al paso y reclamó «responsabilidad» en las reacciones políticas y sociales que se den tras el fallo del Tribunal Supremo para evitar que afecte a la economía.

En un comunicado, Foment del Treball, que expresa su «absoluto» respeto a la sentencia, exige que se garantice la convivencia pese a las «legítimas» protestas y confía en que, tras el fallo, se abra una nueva etapa que alumbre una solución política a la crisis, «siempre dentro de la legalidad» y a través del pacto. De esta manera, los empresarios catalanes se expresan de manera anticipada, ante la inminencia de la sentencia, más si cabe cuando el recuerdo del 1-O del 2017 vuelve a sobrevolar ahora con fuerza ante las amenazas del independentismo. Entonces, tras la organización del referéndum ilegal, se registró un seísmo empresarial, que se saldó con la salida de empresas de Cataluña. Ahora, a pesar de que el Govern está mostrándose mucho más prudente, algunos sectores del separatismo ya han mostrado sus cartas y amenazan con desestabilizar la economía.

Sindicatos independentistas han convocado ya una huelga para el 18 de octubre, una protesta que también ha criticado Foment del Treball. La organización empresarial presidida por Josep Sánchez Llibre ya hizo un comunicado para rechazar esta huelga porque considera que tiene una «motivación estrictamente política» y «perjudica los intereses de los trabajadores y de la actividad económica y empresarial». Foment del Treball, que se está mostrando implacable ante algunos planteamientos del independentismo que amenazan con afectar a la economía, también denunció recientemente el boicot promovido por la ANC contra las empresas contrarias a la independencia ante la Autoridad Catalana de la Competencia.

El comunicado de ayer tuvo una reacción inmediata de Carles Puigdemont. El ex president, a través de las redes sociales, se mostró muy crítico y acusó a Foment del Treball de ser «cómplice» del Gobierno cuando «decidió afectar a la economía catalana», en alusión a la fuga de empresas tras el 1-O. También desde Bélgica, el ex conseller Toni Comín, en una entrevista en «El Periódico», apostó por perjudicar la economía española como arma de desgaste contra el Estado, algo que hasta el propio Govern ha rechazado.