La Junta reclama justificantes de una ayuda de 8 millones a UGT

El proceso de revisión interno de las ayudas para cursos de formación que ha iniciado la Junta de Andalucía está deparando situaciones sorprendentes. Según ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación, la Consejería de Educación –departamento que revisa los expedientes– envió el 14 de octubre de 2013 un requerimiento de información al sindicato UGT en el que le advertía de numerosas irregularidades en el expediente 98/009/J/0217. Se trata de una actividad para formación para el empleo subvencionada con 8.021.823 euros y en la que se contemplaba la impartición de 221 cursos para 3.315 alumnos. La ayuda financiaba el 100 por ciento de la actividad y el 80 por ciento de la cantidad provenía del Fondo Social Europeo. El convenio se articuló mediante un acuerdo firmado el 29 de diciembre de 2009 entre el entonces secretario general de UGT-A Manuel Pastrana y el consejero de Empleo Antonio Fernández –imputado también en la «trama de los ERE « y actualmente en libertad bajo fianza– .

En el citado requerimiento, la Administración regional notifica a UGT que ha superado el 50 por ciento de subcontratación con el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), la fundación creada por UGT en 1986 que desarrolla las acciones de Formación Profesional para el Empleo del sindicato en todo el territorio nacional. Y le insta a que acredite el requisito de solicitar 3 ofertas de proveedores.

Esta postura del Ejecutivo aporta una novedad porque, hasta ahora, UGT ha defendido la actuación del IFES en todo el territorio nacional y ha negado que exista irregularidad alguna –y mucho menos negocio– en la subcontratación de cursos a través de su fundación. De hecho, cuando el sindicato Manos Limpias se querelló contra UGT y reclamó a la Audiencia Nacional que auditara al Instituto para la Formación y Estudios Sociales y su «entramado societario opaco», el sindicato aseguró que el IFES es una entidad «vinculada» con UGT y que la subcontratación con ella de los planes de formación que se adjudican al sindicato no necesita concurso alguno. Ahora es la Junta de Andalucía la que, al menos en este caso y según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, duda de este procedimiento.

No es la única irregularidad detectada. La Junta señala que no aporta la documentación justificativa de la subvención que acredite el cumplimiento del objeto de la ayuda y le pide facturas de los gastos. Las alegaciones del IFES se produjeron fuera del plazo de 15 días que figuraba en el requerimiento –están fechadas el 28 de noviembre–. Ahora la Junta tendrá que aclarar el resultado final tras el proceso de revisión del expediente, cosa que no ha hecho el consejero Luciano Alonso en su reciente comparecencia parlamentaria.

Este expediente ya fue puesto en duda por la Cámara de Cuentas y sobre él existía un proceso de reintegro de 204.868,10 euros que no se ejecutó. Ese acuerdo era de 21 de mayo de 2012. Año y medio después aún no está cerrado.

El pasado martes, Alonso sólo informó de que su departamento ha emitido cuatro resoluciones de reintegro por 575.330 euros para ayudas dadas al Consorcio de Hostelería de Málaga La Cónsula (convocatoria de 2008); de 449.956 euros (2008) al Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva); de 29.069 euros (2009) al Consorcio de Hostelería de Benalmádena; y de 4.820 euros (2008) al CEMER Consorcio de Córdoba