La Fiscalía pide absolver al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

Considera que no hay pruebas de que el borrado de los discos afectara a la investigación de la caja B.

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del PP y del resto de acusados en el caso de la destrucción de los ordenadores que el ex tesorero popular Luis Bárcenas utilizó en la sede del partido y reclama la aplicación de la «Doctrina Botín», que establece que no se puede mantener un procedimiento judicial sólo con la acusación popular.

Fiscalía pide en un escrito dirigido a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, que procede dictar sentencia absolutoria para la formación política, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, acusados por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.

Al PP, como persona jurídica, sólo se imputa el primero de los delitos, algo que en lo que incide el Ministerio Público. La Fiscalía comienza su escrito destacando que «las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura del juicio oral», por lo que procede el archivo del procedimiento. Para ello, hace mención de las sentencias del Tribunal Supremo que establecieron las conocidas «Doctrina Botín» y «Doctrina Atutxa» en las que se fijaron que si ni la Fiscalía, ni la acusación particular –en este caso Bárcenas–ejercen acciones contra el acusado, las responsabilidades deben archivarse.

Se da la circunstancia de que el ex tesorero se retiró del procedimiento en septiembre de 2016 y que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal. Los únicos que acusan son la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).

La doctrina por la que se benefició el banquero fallecido Emilio Botín de ser juzgado fue utilizada por el PP en noviembre de 2017 para evitar sentarse en el banquillo, algo que fue desestimado por la juez Freire, que procesó finalmente al partido político.

El escrito de la Fiscalía insiste en que los acusados no han tenido ninguna participación en los hechos que se les acusa y que no se ha podido acreditar ni la propiedad de los ordenadores, «ni su forma concreta de adquisición». Ni siquiera el contenido de estos aparatos electrónicos, ni que fueran relevantes para una investigación judicial.

El Ministerio Público recalca que fue la propia dirección del PP la que decidió asignar a Bárcenas, cuando dejó de ser tesorero del partido en 2010, un despacho en la tercera planta de la de la sede en la calle Génova 13 de Madrid, precisamente donde se encontraban los dos ordenadores objeto de la atención en este caso.