La Fiscalía pide que los condenados del "procés"no obtengan el tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena

Pide al tribunal que aplique la medida a los que sean condenados a más de cinco años de cárcel.

La Fiscalía quiere que los acusados del «procés» que sean condenados a más de cinco años de prisión no se beneficien del tercer grado penitenciario hasta que cumplan la mitad de sus penas. Así lo ha pedido el Ministerio Público al tribunal al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, lo que supone –como se esperaba– que mantiene su acusación por el delito de rebelión contra nueve de los doce procesados, para quienes pide penas de siete a 25 años de cárcel.

El fiscal Jaime Moreno ha solicitado a la Sala que aplique expresamente en la sentencia el artículo 36,2 del Código Penal, que establece que «cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta". Fuentes de la Fiscalía aseguran que no se trata de una medida "excepcional"y que se trata de "una práctica habitual"cuando el Ministerio Público acusa de "delitos muy graves".

La decisión de la Fiscalía supone que para Oriol Junqueras sigue solicitando 25 años de prisión y otros tantos de inhabilitación por rebelión y malversación; para los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn, 16 años de cárcel y los mismos de inhabilitación; para Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, 17 años de prisión e idénticos de inhabilitación solo por el delito de rebelión y, por último, para los también ex consejeros de Puigdemont Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás, siete años de cárcel y 16 e inhabilitación por malversación y desobediencia.

El Ministerio Público introduce también puntuales modificaciones en su relato de los hechos, fruto de los testimonios prestados por algunos testigos. Entre ellas, precisa que en la reunión mantenida por Carles Puigdemont con los mandos de los Mossos el 28 de septiembre de 2017 en el Palau de la Generalitat, el entonces president fue alertado de que era "altamente probable"que el 1-O se produjeran "situaciones violentas"por lo que le instaron a desconvocar el referéndum para evitar que se produjeran "choques y enfrentamientos con las fuerzas del orden". Al finalizar la reunión, añade la Fiscalía, "el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia".

La Abogacía del Estado también ha mantenido sus peticiones de condena, que van de los siete a los doce años de prisión, aunque no por rebelión, sino por sedición, delito que sigue imputando a nueve de los doce acusados.
Por último, Vox ha retirado las acusaciones de organización criminal y malversación contra el ex conseller Vila, al que ahora solo acusa de desobediencia. Para el resto de los procesados pide condenas de entre 24 y 74 años de cárcel por delitos de rebelión, organización criminal y malversación.