La Fiscalía cree que el PP se lucró también con Gürtel en Boadilla del Monte

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy al juez José de la Mata que procese a 27 personas por enriquecerse con fondos públicos a través de actuaciones de la trama Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid) y que incorpore al PP en el procedimiento como partícipe a título lucrativo.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy al juez José de la Mata que procese a 27 personas por enriquecerse con fondos públicos a través de actuaciones de la trama Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid) y que incorpore al PP en el procedimiento como partícipe a título lucrativo.

El PP figura ya como partícipe a título lucrativo en los procedimientos que afectan a la trama Gürtel en los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.

Anticorrupción pide ahora al juez que abra una nueva pieza separada en relación con los hechos delictivos cometidos en Boadilla y que procese a esas 27 personas, entre las que destacan el exalcalde de ese municipio Arturo González Panero el Albondiguilla, los considerados líderes de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y el contable de la trama José Luis Izquierdo, informa la Fiscalía.

El fiscal relata que una parte de los fondos percibidos por Arturo González Panero, Pablo Crespo y el exvicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas.

Para la Fiscalía los hechos investigados habrían ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla de al menos 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a la entidad UFC, y a la EMSV de un mínimo de 960.000 por el canon dejado de abonar por Artas Consultoría S.A..

Además otro de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Francisco Correa y que estaría "destinado al PP y a Alfonso Bosch", exdiputado regional de Madrid.

El fiscal aprecia indicios de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.

Explica que se habrían cometido "con la finalidad de enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos por el grupo liderado por Correa en Boadilla del Monte de 2001 a 2009", que "incorporaría funcionarios y autoridades de dicho municipio a cambio de la correspondiente comisión".

Según la Fiscalía el referido entramado habría llegado a dirigir en la práctica toda la contratación pública en Boadilla. Destaca que "especialmente en la EMSV, entidad que controlaban de facto a través de sus sucesivos gerentes y a la que consecuentemente transferían desde el ayuntamiento la contratación de distintos servicios consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención".

Este grupo habría favorecido la contratación de la entidad Sufi S.A., gestionada por Rafael Naranjo Anegón con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga, de sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo Asins, de la mercantil UFC S.A. gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana.

Además de Tecnología de la Construcción S.A. (Teconsa), gestionada por Jose Luis Martínez Parra; de Artas Consultoría S.A., tras la que se ocultarían algunos de los miembros del grupo liderado por Francisco Correa, y de las sociedades de eventos vinculadas a este último.

La Fiscalía estima que por estas y otras adjudicaciones que no han podido determinarse los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido como mínimo en el caso de Correa a 2.702.315 euros, en el de Crespo a 593.000, en el de Galeote a 557.609, en el de González Panero a 1.800.000, en el de Martín Morales a 1.327.235 y en el de Bosch a 941.652.

Asimismo el PP habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en 204.198 euros. La cuenta que habría utilizado Pablo Crespo a nombre de Mall Business S.A. se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1.557.379 euros en 2012.

Una de las cuentas utilizadas por Arturo González Panero a nombre de Longridge International S.A. fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379 euros en 2015.

Entre las 27 personas para las que el fiscal pide la incoación de procedimiento se encuentran, además de los citados y entre otros, el exalcalde de Boadilla Juan Jesús Siguero y el exconcejal José Galeote.