El ex socio de Granados implicó a un ex alto cargo del PSOE el pasado junio y el juez Velasco investiga ahora sus revelaciones a la espera del resultado de las comisiones rogatorias.

Hasta en once ocasiones tuvo que salir de la cárcel madrileña de Aranjuez el empresario David Marjaliza, supuesto cabecilla de la «trama Púnica», para concluir su declaración ante el juez del pasado junio y asistir a los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a raíz del maratoniano interrogatorio. Su testimonio es ahora el hilo del que tira el magistrado para avanzar en la complicada investigación, que acumula ya 92 imputados. No es de extrañar, pues el socio del ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados señaló en su declaración no sólo a políticos del PP (el actual consejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada y el diputado madrileño Bartolomé González) y Ciudadanos (la también parlamentaria de la Asamblea de Madrid Eva Borox), sino también del PSOE, entre ellos a «un ex alto cargo socialista muy conocido» que en la actualidad ya no es aforado, confirmaron fuentes de la investigación.

Durante sus más de trece horas de declaración, subrayan fuentes de la investigación, Marjaliza «protegió mucho a su gente y extendió la mancha sobre el pago de comisiones a más políticos». Su testimonio, que al margen del nuevo rumbo de las pesquisas sirvió sobre todo al juez para apuntalar el modus operandi de la trama, podría suponer a Marjaliza una rebaja a la mitad de una hipotética condena por colaboración eficaz con la Justicia.

Citaciones a la espera

Pero el testimonio de Marjaliza sobre el supuesto pago de comisiones no es suficiente para que Velasco amplíe la nómina de imputados y ordene una nueva ronda de declaraciones. No por el momento. El magistrado quiere apuntalar esos indicios y dilucidar si hay motivos para acordar esas citaciones porque, como recuerdan fuentes de la investigación, «Marjaliza no puede marcar el rumbo de las imputaciones y es necesario practicar más diligencias antes de dar ese paso».

La sucesión de informes y pruebas documentales que permitan avanzar en la instrucción gracias a las confesiones del empresario (la «prueba del algodón» de su declaración) se demorará meses. Y a este hecho hay que sumarle la obligada espera al resultado de las comisiones rogatorias en marcha, hasta seis, cursadas a países de tres continentes (Suiza, Holanda, Liechtenstein, Costa Rica, Panamá y Singapur) para intentar seguir el rastro del dinero del tándem Marjaliza-Granados.

Con estas premisas, el juez Velasco prevé mantener secretas hasta después de las elecciones generales –según confirmaron las fuentes consultadas– la declaración de Marjaliza y toda la información relativa a las peticiones de auxilio judicial al extranjero, una práctica habitual en los juzgados ante la proximidad de citas electorales, cuando hay políticos investigados, para no interferir en los comicios. Así ha sucedido, sin ir más lejos, con la citación de Artur Mas en la causa en la que se investiga por desobediencia al presidente en funciones de la Generalitat por su papel en la consulta soberanista del 9-N.

Una docena de piezas separadas

La magnitud de la investigación a la red de corrupción que, supuestamente, conseguía adjudicaciones públicas gracias al pago de comisiones en las comunidades de Madrid, Valencia, Murcia y Castilla y León va a obligar al juez a dividir el procedimiento «en alrededor de una docena de piezas separadas» para agilizar la instrucción. Y es que tras su última reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los magistrados a concluir en un máximo de tres años la investigación de las macrocausas de especial complejidad como el «caso Púnica», un sumario que acumula ya cerca de 50.000 folios.

Y eso que trocear el procedimiento obligaría a fotocopiar miles de documentos que deberían incorporase a varias de esas piezas. Además, el magistrado sopesa solicitar un juez de refuerzo, en quien delegaría la instrucción de los nuevos asuntos, para centrarse en la investigación de la «trama Púnica».

Marjaliza se decidió finalmente a declarar, ofreciendo al juez datos claves de la investigación, presionado por su complicada situación judicial, que le mantiene en prisión junto a su ex socio Granados (los dos únicos imputados en este procedimiento que todavía siguen en la cárcel).

En octubre del pasado año, cuando el juez ordenó su ingreso en prisión, una de las fiscales de Anticorrupción del caso justificó la adopción de la medida en la larga nómina de delitos que se le imputan. «No podemos ahora ponernos a valorar y explicarle a su señoría todo lo que ha llegado a cometer. Nos ha llamado la atención –aseguró al magistrado– que cuando nosotros nos planteábamos qué delitos contra la corrupción había cometido David, a la conclusión a la que hemos llegado es... ¿cuál es el que no ha cometido? Porque es que los ha cometido absolutamente todos».