La Audiencia procesa a los etarras que mataron a Máximo Casado

LA RAZÓN ya adelantó que era el primer caso resuelto por los documentos remitidos por Francia.

La titular del Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha procesado por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado a los etarras Javier García Gaztelu, «Txapote»; Iñigo Guridi, «Xabi»; Asier Arzallus, «Santi»; y Aitor Aguirrebarrena, «Peio». Se trata de la primera decisión judicial que tiene su origen en los documentos de ETA enviados a España por Francia hace seis meses

y cuya entrega se «oficializará» el próximo lunes, en el Palacio de la Moncloa, con la presencia de los presidentes de Gobierno de ambos paises.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, entre estos documentos figuraban algunos que acreditaban que Goñi, Arzallus y Aguirrebarrena, que integraban el «comando Ttotto», fueron los autores del asesinato del citado funcionario, ordenado por «Txapote» desde Francia.

En el relato que se hace en el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso este periódico, «sobre las 7:45 horas del día 22 de Octubre de 2000 se produjo la explosión de un artefacto del tipo lapa que estaba colocado en los bajos de un turismo a la altura del asiento del conductor. La explosión que sucedió en el mismo momento de la puesta en marcha del turismo ocasionó la muerte» a Casado, –que entonces era jefe de servicios en la prisión de Nanclares de Oca– «como consecuencia del shock traumático y hemorrágico, con afectación de centros y órganos vitales. «La autoría de la acción fue reivindicada por ETA en comunicado emitido por la misma y publicado en el diario Gara el 19 de noviembre de 2000».

Recuerda el auto que «por estos hechos fueron condenados como

colaboradores necesarios Zigor Bravo Sáez de Urabain y Juan Carlos Subijana, quienes habían facilitado a los jefes de ETA en Francia la información sobre las costumbres de Casado y las llaves del garaje donde se colocó la bomba». Los indicios que han llevado al procesamiento «se extraen del conjunto de diligencias practicadas en la causa y se derivan del resultado de los documentos incorporados a las actuaciones periciales practicadas, y las incautaciones de efectos relacionados con los hechos objeto de investigación presuntamente constitutivos del delito de asesinato terrorista», subraya la jueza, que fija para cada uno de los procesados una fianza de dos millones de euros. Tal y como adelantó este periódico, entre los documentos que se incautaron a ETA en Francia y fueron enviados a España figura la «kantada» del «comando Ttotto». Fue hallada en poder de una de las responsables del «aparato militar», Ainoa García Montero, «Laia», detenida el 10 de mayo de 2003 en Saintes, localidad próxima a La Rochelle.