La Audiencia ratifica el procesamiento de Trapero y de la ex cúpula policial por sedición.

La actuación de los Mossos d´Esquadra durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O se caracterizó por una «total pasividad» y una «dejación» que se plasma en un dato: mientras en la mañana de ese día la Policía y la Guardia Civil lograron cerrar más de 200 centros de votación, los agentes autonómicos «no cerraron ninguno» y los que finalmente clausuraron «lo fueron tras el escrutinio». Y eso pese a que algunos interrumpían su actividad a mediodía «y en ese período pudo requisarse el material o impedir la reapertura». La Audiencia Nacional llama la atención sobre ese hecho en la resolución en la que confirma el procesamiento del ex mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, por organización criminal y dos delitos de sedición. Al igual que hace con los procesamientos del que fuera número dos de la Conselleria de Interior César Puig, del ex director de la Policía autonómica Pere Soler y de la ex intendente Teresa Laplana (todos ellos por un único delito de sedición y por organización criminal sólo en el caso de los dos primeros).

Por mandato del Tribunal Superior de Cataluña, recuerda la sección segunda de lo Penal del citado tribunal, «incumbía» a los Mossos desmontar los centros antes del inicio de la votación. Lejos de eso, «incumplieron» la orden «simulando» un dispositivo «engañoso, meramente formal» (sus responsables aseguraron que habían cerraron un centenar de colegios) dirigido no solo a permitir el referéndum ilegal sino, también, a «socavar» la actuación de la Policía y Guardia Civil.

La cúpula de los Mossos decidió desplegar a 7.000 agentes, «cuando en jornadas electorales se ha llegado a 12.000». Su distribución por los 2.259 centros fue, además, «ineficaz», al asignar sólo dos agentes en grandes centros.

Trapero –concluye la Audiencia rechazando los recursos de apelación interpuestos por los procesados– actuó de «correa de transmisión» entre sus superiores y subordinados, incumpliendo las resoluciones judiciales. Las «excusas» que planteó el ex mayor de los Mossos para justificar su actuación, dice la Sala, no mellan las «numerosas comprobaciones y actos de investigación policial» que le señalan.

Respecto al resto de procesados la Audiencia subraya que la actuación de los responsables de la Consejería de Interior (Forn y Puig), en «connivencia» con los mandos de los Mossos (Trapero y Soler) fue «decisiva» para «fuera de la legalidad, impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales».

Respecto a los incidentes registrados durante el registro de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre del pasado año, los magistrados resaltan que la Guardia Civil pidió auxilio a los Mossos al menos siete veces en 15 horas (desde las 9:15 a medianoche), sin que se tradujera «en la adopción de medida alguna» hasta que la secretaria judicial pudo salir del edificio, a las 23:45, por la azotea del inmueble colindante. Las «tibias» medidas de seguridad adoptadas, continúa la Sala, solo «enmascaraban una absoluta condescendencia con los hechos». Pese a conocer que la sede contaba «con la sola protección de dos mossos», se «consintió» el asedio «sin medida eficaz alguna».