El juez pide permiso a Francia para interrogar a "Josu Ternera" por el atentado de la T-4

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha prorrogado seis meses más, hasta el 29 de julio de 2024, la investigación por el atentado contra la T-4 de Barajas en 2006, con el objetivo de interrogar a los exjefes de ETA imputados tras una querella de Dignidad y Justicia. En un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el instructor ha acordado librar una orden europea de investigación a las autoridades francesas para poder interrogar como imputados a José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera" (cuya entrega a España por otras causas sigue pendiente desde hace más de cuatro años) y Ainhoa Ozaeta, "Kuraia".

En esta causa se intenta esclarecer la supuesta responsabilidad de cuatro exdirigentes de la banda terrorista en el atentado contra la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006, en el que fueron asesinados Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y 68 personas resultaron heridas, y que hizo saltar por los aires la tregua anunciada por la organización criminal nueve meses antes.

Además de "Josu Ternera" y Ozaeta, también están investigados el exjefe "militar" de ETA Aitzol Iriondo -tal y como adelantó este periódico el sucesor de "Txeroki" al frente de los "comandos" está citado a declarar el próximo 21 de marzo por videoconferencia desde la prisión de San Sebastián- y Mikel Carrera Sarobe, "Ata", recientemente condenado por el asesinato en 2001 del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad.

Según expone el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, la prórroga de la investigación "resulta necesaria y legalmente obligatoria" para poder tomar declaración a estos tres exintegrantes de la Zuba o comité directivo de ETA. En el caso de Aitzol Iriondo, De Jorge argumenta que no es necesario contar con el permiso de Francia (que no ha autorizado su entrega por esta causa) dado que ni se ha acordado la prisión provisional del exjefe de los "comandos" por este procedimiento ni se va a acordar -adelanta- en su declaración por videoconferencia de marzo. El instructor se acoge así a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso C-388/08 (Leymann y Pustovarov), que permite no solicitar autorización al país que autorizó la entrega por distintos motivos siempre y cuando "no se haya aplicado ninguna medida restrictiva de libertad durante el procedimiento".

En la cúpula de la banda terrorista

La investigación policial sitúa en las fechas del atentado a Aitzol Iriondo a cargo del "aparato militar", mientras que "Ata" era el responsable del "aparato logístico", "Josu Ternera" del área "política" y "Kuraia" se hacía cargo del "aparato de tesorería".

Según señaló el magistrado Alejandro Abascal al admitir a trámite la querella de Dignidad y Justicia, los cuatro exjefes etarras eran "dominadores de la organización terrorista ETA desde su posición de máximos dirigentes del órgano de dirección, el comité ejecutivo o Zuba" en el momento del atentado.

Desde esa posición, se encargaban presumiblemente de "decidir, coordinar" y "seleccionar" los objetivos, así como de "entregar el material necesario para atentar y dar la orden expresa de llevar a cabo la acción criminal".

Por este atentado fueron condenados a más de mil años de prisión los etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián. Esa sentencia acreditaba ya la "implicación directa" de la Zuba en la decisión de atentar contra el aeropuerto de Barajas. Fue la cúpula etarra la que también facilitó al "comando Elurra" de la furgoneta-bomba que los etarras hicieron estallar en el parking.

En su querella, Dignidad y Justicia consideraba que "la trascendencia política" del atentado hacía "imposible" que la decisión de cometerlo se adoptase al margen de la Zuba. La asociación que dirige Daniel Portero se quejaba de que mientras la responsabilidad penal alcance a los integrantes del "comando" y a los "eslabones intermedios de transmisión de la cadena" ("Txeroki" y Joseba Aranibar), no suceda lo mismo con "los primeros y máximos responsables", los integrantes de la Zuba. "Los ejecutores finales de la colocación y detonación del explosivo jamás hubiesen podido adoptar una tal decisión de tales implicaciones políticas y públicas para la banda al margen de la Zuba", recalcaba el entonces abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias.