La Intervención General de Canarias confirma irregularidades en las compras de mascarillas del ministro Torres

La Intervención General de Canarias ha plasmado en un informe que existen "debilidades legales"en los procesos a través de los que compró a distintas empresas mascarillas el Gobierno autonómico que entonces presidía el ahora ministro socialista Ángel Víctor Torres.

Las adquisiciones a las que se refiere éste estudio son de material involucrado tanto en el "caso Koldo" como en el "Mascarillas" por un valor total de 80 millones y con casi la mitad de los expedientes inmersos en algunos de las dos investigaciones judiciales citadas que se están desarrollando en el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional y en el número cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

Los contratos vinculados a la empresa de la trama de Koldo García, Soluciones de Gestión, el gobierno socialista pagó poco más de dos millones de euros de fondos públicos para hacerse con 837.300mascarillas KN95 y 555.000 FFP2. Para su traslado hasta las islas tuvieron que desembolsar, también en concepto de fletes aéreos y contratación de un seguro para su transporte, 447.061 euros. El tercer y último contrato de 4,7 millones de dinero público sirvió sobre el papel para la suministración de dos millones de mascarillas KN95.

En cuanto al "caso Mascarillas", como ya informó LA RAZÓN, la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canarias se querelló el pasado martes 27 de febrero contra cuatro empresarios, vinculados a las sociedades Damco Trading Services y Tanoja Services, por apropiarse de 10 millones de euros de los 22,9 que les pagó en total el gobierno socialista por mascarillas, guantes de nitrilo y bastoncillos de uso hospitalario. Para la financiación de parte de estas compras también se emplearon fondos europeos.

Tal y como ha desvelado este lunes el portavoz del actual Ejecutivo canario que comparten PP y Coalición Canaria (CC), Alfonso Cabello, el análisis elaborado por el órgano encargado de controlar la gestión económico-financiera de la administración insular ha detectado vulneraciones de la ley en el procedimiento que utilizaron para tramitar la suministración de estos materiales de protección frente a la Covid.

Las adjudicaciones se realizaron como contratos de emergencia, pero funcionarios de la Intervención General han observado que no se cumplió con el procedimiento que contempla la Ley para estos casos al haber quedado equiparados por la forma en que se hizo a los contratos menores.

Cabello confirmó que las formas administrativas bajo las que se canalizaron las compras de mascarillas por parte de Canarias "tenían que haber sido diferentes".

También, revelan desde el actual Ejecutivo canario, no existe en el expediente de los contratos documentación (actas) que recoja y certifique la recepción del material por el que pagó decenas de millones de euros públicos el Ejecutivo del actual titular de Política Territorial y Memoria Democrática.

No figura tampoco información de los distintos pasos previos que debe dar cualquier administración en una contratación publica. Ni siquiera, explican, se creó un expediente específico.

Asimismo, estas adjudicaciones no están recogidas como establece la legislación en materia de rendición de cuentas en el portal de transparencia del Gobierno de las Islas Canarias.

No se dio cuenta de algunos de estos contratos al Consejo de Gobierno de la administración regional, que es lo que establece la legislación como requisito obligatorio a ejecutar en los 30 días posteriores a la firma o aceptación de los acuerdos.

Ahora, se dará traslado del informe de la Intervención General, cuyo contenido se ha conocido públicamente en la jornada de este lunes, al departamento jurídico del Servicio Canario de Salud ya que en estos momentos son los que están estudiando cada uno de los expedientes de los contratos de la época Ángel Víctor Torres como presidente socialista de Canarias.