Interior entrega a la Fiscalía informes con los indicios para ilegalizar a Sortu

Las excarcelaciones de etarras que se están produciendo por la derogación de la aplicación retroactiva de la «doctrina Parot» han hecho que la Guardia Civil y la Policía incrementen aún más si cabe la vigilancia sobre el mundo de Sortu y Bildu. «Están cumpliendo con su trabajo y están haciendo los informes que tienen que hacer», explican fuentes policiales. La vigilancia afecta a su adecuación a las «líneas rojas» que en su día estableció el Tribunal Constitucional (TC), cuando admitió la inscripción de Sortu en el Registro de partidos políticos. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene en su poder informes con los indicios ya recabados por si se dan las circunstancias para proceder a la ilegalización de las marcas «abertzales». Alguno de ellos son recientes, como, por ejemplo, el que afecta al coordinador provincial de Sortu en Vizcaya, Iker Rodrigo Basterrechea, organizador del recibimiento a los restos mortales del excabecilla etarra «Thierry». En ese homenaje, el pasado mes de abril en el aeropuerto bilbaíno de Sondica, se vitoreó a la organización terrorista y a sus miembros. Fue detenido por la Guardia Civil y el juez le dejó en libertad, con medidas cautelares, acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo. También han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, quien el pasado 18 de noviembre, en un acto con militantes de la formación de la izquierda abertzale, aseguró que la decisión que Batasuna adoptó «hace 35 años» fue acertada y que no rechazarán ni revisarán lo que han hecho.

Desde el Gobierno recuerdan al respecto que la sentencia del TC que dio luz verde a Sortu estableció con meridiana claridad los requisitos de obligado cumplimiento a los que debían someterse. Es evidente –explican—que la izquierda abertzale no se ha arrepentido de su pasado ni de sus orígenes, pero el TC «no ha avalado la impunidad».

«Están pisando las líneas rojas, y la Policía está vigilante y cumpliendo con su trabajo, y el Gobierno, también», explican las fuentes consultadas. Entre esos requisitos establecidos por el TC estaba la prohibición de participar en actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas. La semana pasada Bildu no condenó los rebrotes de «kale borroka».

En junio de 2012, Interior señaló también como posibles indicios para ilegalizar Bildu el documental sobre presos de ETA, para el que el Ayuntamiento de San Sebastián concedió una subvención de 9.000 euros. Ya entonces el Ministerio del Interior recordó que el fundamento 15 de la sentencia del TC perseguía «el ensalzamiento de los autores de acciones terroristas o su presentación como víctimas o héroes», así como la realización de actos públicos que entrañen «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares». Interior mantiene la advertencia de que la sentencia del TC «hay que acatarla en su totalidad».

De acuerdo con el catálogo de conductas prohibidas por el TC, «por su manifiesto contraste con el principio democrático y el pluralismo político», Sortu no puede protagonizar actos que contribuyan al descrédito o menosprecio de las víctimas del terrorismo. Hay jurisprudencia de la sala 61 del Tribunal Supremo y del Constitucional, pero para poder instar a la ilegalización hace falta que las conductas sean «graves y reiteradas».

El ministro del Interior, Jorge Fernández, ya ha dicho en varias ocasiones que el «contador está en marcha», pero desde el Gobierno también advierten de que «una iniciativa de esas características tiene que darse cuando hay fundamento jurídico para ganar, porque si no sería peor el remedio que la enfermedad». «Que quede claro que si adaptaron sus estatutos a la legalidad, el que sean legales no quiere decir que sean impunes», según el ministro Jorge Fernández.