Indignación en la abogacía por las acusaciones del Defensor del Pueblo de estar detrás de las dilaciones indebidas

La abogacía española ha salido en bloque a rechazar y pedir una rectificación a las acusaciones con las que el Defensor del Pueblo les responsabiliza en un informe de las comunes dilaciones indebidas en el sistema judicial.

En una recomendacióntrasladada la pasada semana por el Defensor del Pueblo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reclamaba y aseguraba: "Que el Consejo General del Poder Judicial adopte las medidas oportunas para garantizar que los magistrados (...) apliquen las herramientas legales de las que disponen para evitar actuaciones dilatorias de mala fe de los letrados, que perjudican el derecho a la justicia sin dilaciones indebidas.”

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lamentado que en esta comunicación formal se les atribuya erróneamente el "problema gravísimo" de las demoras en los plazos judiciales que los abogados, procuradores y sus clientes "sufrimos desde hace años".

El decano madrileño, Eugenio Ribón, ha querido negar públicamente que los letrados sean "partícipes de tal situación" y replicó al Defensor que en todo caso "somos sus víctimas".

Desde el ICAM denuncian que la verdadera responsabilidad en las dilaciones indebidas la tienen los propios juzgados que incumplen en la mayoría de ocasiones las previsiones legales por falta de medios y carencia de recursos. Pero también le imputan parte de la responsabilidad al Covid y las sucesivas huelgas de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia que han provocado la suspensión de miles de procedimientos.

"Los profesionales de la abogacía están sometidos a los plazos", recordó Ribón al Defensor del Pueblo, y, aludiendo a las huelgas de los trabajadores públicos del sistema judicial, apuntó a que mientras tanto los abogados "permanecían trabajando y atendiendo cuantas notificaciones recibían".

Asimismo, el que es el colegio profesional más grande de Europa señaló que en un estudio que realizaron el pasado diciembre los letrados madrileños colocaron las dilaciones indebidas como el primer motivo por el que un ciudadanove vulnerado su derecho de defensa.

Achacan, por todo ello, las inexactas afirmaciones del Defensor del Pueblo a una interpretación erróneade la realidad interna de la Justicia española debido serias carencias de datos en la información que manejan sobre el asunto en el organismo estatal.

Con intención subsanatoria, el ICAM ha hecho llegar a la institución que dirige Ángel Gabilondo las memorias anuales de su departamento de Deontología y del turno de oficio que demuestran la alta valoración que la ciudadanía hace de los servicios de los letrados de todo el país.

También certifican estas estadísticas, exponen en un comunicado, el bajo número de quejas que reciben y la excepcionalidad que representan los casos en los que hay malas prácticas y que, consecuentemente, derivan en la apertura de expedientes para los los profesionales implicados.

El Consejo General de la Abogacía, por su lado, ha hecho lo propio y ha rechazado frontalmente las acusaciones del Defensor del Pueblo de que los letrados actúan de mala fe para dilatar los procedimientos en los juzgados.

Critican que el órgano haya trasladado una recomendación sobre las actuaciones dilatorias de forma "absolutamente inapropiada" al haberlo tratado como "un comportamiento habitual y generalizado" de la abogacía en nuestro país.

En unas afirmaciones que, juzga el Consejo, no están sustentadas en "ningún dato concreto" y genera un "gran daño" en la imagen pública y el prestigio de los profesionales liberales de las leyes.