La hora del nuevo CGPJ: obligado al consenso

El cambio de guardia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se producirá finalmente en los próximos días, una vez los doce candidatos judiciales pasen el preceptivo examen ante el Congreso y el Senado. Los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces pactados entre el Gobierno y el PP previsiblemente tomarán posesión de sus cargos a finales de esta misma semana, poniendo así punto y final a una anomalía sin precedentes en la institución, que ha consumado su renovación con cinco años y medio de retraso, pues el relevo debió producirse en diciembre de 2018. La falta de acuerdo entre los dos grandes partidos lo ha impedido, con consecuencias colaterales que han sumido a la cúpula judicial en una situación límite por la acumulación de vacantes, hasta un centenar, sin cubrir. Y es que el Consejo en funciones no ha podido llevar a cabo nombramientos discrecionales desde marzo de 2021, cuando PSOE y Podemos impulsaron una reforma legal que despojó al CGPJ de una de sus atribuciones clave para forzar al PP a negociar una renovación que no se produjo pero que ha dejado al Tribunal Supremo con un tercio de su plantilla vacante, mermando así su función jurisdiccional, clave de bóveda del sistema judicial.

Será, sin duda, el CGPJ con más poder de la historia, y tendrá que ponerse manos a la obra sin darse un respiro para afrontar todos esos nombramientos pendientes, una tarea que según las fuentes consultadas llevará meses. Pero antes, los nuevos vocales deberán decidir quién preside el Tribunal Supremo (TS) y el Consejo General del Poder Judicial, terminando con la bicefalia que se instauró tras la dimisión en octubre de 2022 de Carlos Lesmes, hastiado ante la inoperancia de PSOE y PP para pactar el relevo en el órgano de gobierno de los jueces. Desde esa fecha, el magistrado Francisco Marín preside el alto tribunal, dos años durante los cuales han estado al frente del CGPJ otros tantos vocales: Rafael Mozo primero y, tras su jubilación, Vicente Guilarte. Ahora, ambos cargos volverá a ostentarlos una misma persona.

Será esa elección la primera prueba de fuego del nuevo CGPJ, dado que según lo pactado por los dos principales partidos la designación deberá producirse libre de consignas políticas. Es decir, sin que las cartas vengan marcadas de antemano como consecuencia de un acuerdo entre el PSOE y el PP, lo que ha llevado en ocasiones a que la identidad del presidenciable se conociese incluso antes de que los vocales sentaran a elegir presidente. Hará falta que al menos doce vocales se pongan de acuerdo, al exigirse mayoría de 3/5.

En diciembre de 2013, Carlos Lesmes resultó elegido con 16 votos a favor, frente a los cuatro que obtuvo la magistrada Pilar Teso, que de nuevo irrumpe en las quinielas como candidata a convertirse en la primera mujer al frente del Tribunal Supremo y el CGPJ.

Pero antes de que ese primer Pleno se produzca y se oficialice el adiós del Consejo saliente, el más longevo de la democracia (no en balde, se irá tras más de diez años de mandato), el Congreso y el Senado elegirán cada uno sus diez vocales del CGPJ (seis de procedencia judicial y otros cuatro juristas). Tras el pacto entre PSOE y PP la Cámara Baja designará como vocales judiciales a: Ángel Arozamena, magistrado del Tribunal Supremo; Esther Erice, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y esposa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés»; José María Fernández-Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona; el juez decano de Málaga, José María Páez; y José Carlos Orga, magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño.

En el turno de juristas, el Congreso se decantará por José Luis Costa Pillado (Presidente del Consejo Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales), Pilar Jiménez (Fiscal Superior de Cantabria) y Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional).

Un día después, el Senado elegirá a sus diez vocales. Los procedentes de la judicatura serán el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Montero; José Eduardo Martínez Mediavilla, presidente de la Audiencia de Cuenca; Esther Rojo, presidenta de la Audiencia de Valencia; Carlos Hugo Preciado, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña; Alejandro Abascal, magistrado de la Audiencia Nacional; y Lucía Avilés, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró. En cuanto a los cuatro juristas, los elegidos serán Ricardo Bodas (Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (Letrado de la Administración de Justicia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo) e Isabel Revuelta (Letrada de las Cortes).

Que la elección por el Congreso y el Senado de los doce vocales de la carrera judicial sea la última, de manera que en la próxima renovación sean elegidos por los propios jueces, dependerá del derrotero de la anunciada reforma legislativa para modificar el modelo de elección de los vocales judiciales. El nuevo Consejo tendrá seis meses para consensuar un proyecto de ley -que será el Rubicón del tan cacareado consenso que pretende ahuyentar las sospechas de politización de la institución- que después tendrá que pasar por el filtro de las Cortes. Esta era una línea roja para el PP y finalmente el Gobierno aceptó el compromiso de cambiar la ley para revisar el sistema de elección de los vocales, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez nunca ha escondido que no es partidario de dejar en manos de la carrera judicial la designación de esos doce vocales, una de las recomendaciones más recurrentes de la Comisión Europea para alejar de los partidos el botín del control del órgano de gobierno de los jueces y, en consecuencia, de los nombramientos judiciales.

Habrá que esperar a ver el resultado de esa reforma para ver si finalmente, como reclaman tres de las cuatro asociaciones judiciales (solo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia no comparte esa reivindicación), la carrera judicial resulta determinante en la próxima renovación del CGPJ.