Gema Espinosa, vocal del CGPJ: "En la carrera judicial no son necesarias las cuotas"

Es una de las nuevas vocales del renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acaba de pasar página a más de cinco años de bloqueo. Gema Espinosa, magistrada con una prolija experiencia en la judicatura y exdirectora de la Escuela Judicial, asegura afrontar «con mucha ilusión» la tarea de «trabajar para mejorar la imagen de la situación de la Justicia». Conoce de primera mano el acoso a los jueces –su marido, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, es el instructor de la causa del «procés»– y considera «incomprensibles» estos ataques.

Tras la elección de Isabel Perelló como primera presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, que aplaude y enmarca dentro de la normalidad, Espinosa se pronuncia en contra de las cuotas en la carrera judicial y hace hincapié en que no ha tenido «ningún obstáculo» por ser mujer para acceder a la misma ni a los distintos cargos que ha desempeñado.

El nuevo CGPJ ha echado a andar tras más de cinco años de interinidad del anterior. ¿Qué supone superar esta anomalía institucional sin precedentes?

Supone dar un paso hacia adelante y volver a la normalidad. Asumimos el cargo con mucha ilusión y con ganas de trabajar para mejorar la situación actual de la Justicia, en beneficio no solo de los jueces, sino de toda la sociedad. Los ciudadanos necesitan tener confianza en la Justicia. Hasta ahora estábamos en un impasse que nadie entendía y este acuerdo ha supuesto que el Consejo se ponga otra vez en marcha.

La elección de Isabel Perelló es un hito histórico. ¿Por qué ha habido que esperar más de dos siglos para que una mujer presida finalmente el Tribunal Supremo?

Esa pregunta no debería hacérmela a mí. Nosotros propusimos a Isabel Perelló. Yo lo entiendo como un gesto de normalidad. Hace 50 años, como recordó la presidenta en el discurso de apertura del Año Judicial, una mujer no podía acceder siquiera a la carrera judicial y ahora hay mayor número de juezas. En la ultima promoción, de 120 alumnos 84 son mujeres, lo que supone que tenemos un 70% de mujeres accediendo este año a la carrera judicial.

¿Está a favor de las cuotas para corregir ese desequilibrio que persiste en los altos cargos judiciales en detrimento de las mujeres?

Como mujer no he tenido ningún obstáculo ni para acceder a la carrera judicial ni a los distintos puestos que he ostentado en mi vida profesional. Muchas mujeres no entendemos las cuotas. Las mujeres debemos acceder, en una carrera en la que no tenemos ningún tipo de impedimento, por mérito y capacidad. En otros ámbitos profesionales las cuotas igual sí son necesarias, pero en la carrera judicial no es necesaria una cuota para que accedamos a determinados puestos de trabajo. Evidentemente, en los altos cargos hay muchas menos mujeres que hombres, pero creo que ahora es un buen momento para modificar la curva y que no haya cortapisas para que las mujeres accedan a estos altos cargos en condiciones de igualdad.

Independencia

Con más de un centenar de nombramientos por delante, ¿el consenso es más necesario que nunca en el CGPJ?

El consenso va a ser siempre necesario. Para los nombramientos tenemos que fijar en la comisión de calificación una serie de criterios que sean objetivos y buscar a las personas más idóneas para ostentar estos cargos. Se valorará el currículum de los solicitantes y evidentemente se tendrá que llegar a acuerdos. Los jueces tenemos nuestra ideología política y una sensibilidad y es necesario que todas estas sensibilidades accedan a los altos cargos judiciales. Los jueces en España tenemos una gran preparación técnica y somos capaces de deliberar para que la sociedad entienda las resoluciones que se dictan. Es importante el consenso y llevar a cabo una selección objetiva con mérito y capacidad, como también, y así me consta que se hace, que en los tribunales las distintas sensibilidades estén representadas. Solo desde el consenso y desde la conjunción de todas esas sensibilidades la sociedad va a tener una resolución que sea entendida.

¿Recuperar la credibilidad institucional es uno de los principales retos de este CGPJ?

La institución ha estado trabajando durante todos estos años. Yo he estado en el Consejo en un órgano técnico, en la Escuela Judicial, y me consta. No obstante, la sociedad ha podido percibir, tras la demora en la renovación, que no ha estado a pleno rendimiento, pero no es así. Ahora tenemos que recoger el testigo y seguir trabajando. El trabajo va a ser muy duro. Estamos atravesando una situación en la que es necesario un mayor esfuerzo, pero no dudo del esfuerzo de los anteriores vocales y por supuesto tengo toda la confianza en que el actual Consejo va a trabajar por continuar recuperando la credibilidad de la sociedad en la Justicia.

¿Cómo calificaría el estado de la Administración de Justicia en nuestro país en este momento?

Tiene muchas necesidades. Estamos todavía muy atrás respecto a otras administraciones, muy por debajo de tener cubiertas las necesidades más básicas. Por ejemplo, en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo hay 13 plazas y seis están vacantes. Son necesarios constantemente planes de refuerzo porque no se cubren las necesidades de plazas. Se necesitan muchos medios, no solo materiales, sino también personales. Tenemos que trabajar con el Ministerio para que se creen nuevas plazas en juzgados y aumenten los medios materiales. Pero sobre todo se necesitan muchos más jueces. No hay más que ver la carga de trabajo en muchos juzgados unipersonales, inasumible para sus titulares. Y en cuanto a la ratio de jueces por habitante, llevamos muchos años muy por debajo de la media de la Unión Europea.

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¿Le molesta que se etiquete a los vocales del CGPJ como progresistas o conservadores?

A mí sí me molesta. Creo que no debemos diferenciarnos. Todos tenemos nuestra ideología y nuestras sensibilidades, pero ante un determinado problema una ideología no ofrece una solución distinta de la que puede aportar otra. Somos veinte vocales y tenemos que trabajar como un equipo unido para salir de esta situación.

El CGPJ tiene que elaborar una reforma legislativa sobre el modelo de elección de los vocales judiciales. ¿Eso pasa ineludiblemente por dejar en manos de la carrera la elección de esos doce vocales en consonancia con los estándares europeos?

La ley nos obliga a proponer una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el plazo de seis meses. Tendremos que crear un grupo de trabajo y estudiar cómo está en Europa el sistema de elección de los vocales y con eso y la opinión de expertos en la materia, hacer una propuesta. No tengo claro qué es lo más correcto. Yo no estoy aquí por una asociación; me presenté con el aval de más de 300 compañeros de todo tipo de ideologías.

Al final se trata de enmendar esa imagen de falta de independencia por haber sido propuestos por un partido u otro.

Creo que estamos en el buen camino. Es la primera vez que hemos elegido a una presidenta sin tener ningún tipo de presión ni de indicación.

Nombramientos

La presidenta del Tribunal Supremo ha pedido que se frenen los ataques injustificados a los jueces. ¿En qué medida esos ataques socavan la credibilidad de los ciudadanos en la independencia judicial?

Los ataques no afectan a la credibilidad, lo que sí sucedería si los jueces se pronunciaran cediendo a esas presiones. Pero lo necesario es que esos ataques no existan. En un Estado democrático de derecho no puede haber estas injerencias de uno de los poderes del Estado hacia el Poder Judicial. Esa independencia es necesaria y no pueden existir indicaciones hacia los jueces. El Consejo General del Poder Judicial trabajará arduamente para que estos ataques no afecten a los jueces.

Ha sufrido en primera persona las iras del independentismo radical por ser su esposo el instructor de la causa del «procés». ¿Cómo recuerda esa etapa?

Ha habido ataques personales, pero tenemos muy claro lo que esto ha significado: han sido ataques muy puntuales, ataques que no entienden lo que es un juez y el Poder Judicial. No es comprensible en un Estado democrático. El Poder Legislativo y Ejecutivo tienen sus funciones y el Poder Judicial, las suyas. Llevar esos ataques al ámbito personal me parece incomprensible.

Retos

Más allá de esa complicada experiencia personal, la Ley de Amnistía se ha justificado por el Gobierno en el hecho de mejorar la convivencia en Cataluña tras la fractura que dejó el «procés».

Es evidente que existió una fractura social, pero creo que poco a poco se va superando. Y en cuanto a la Ley de Amnistía, el anterior Consejo ya se pronunció. Hizo un informe considerándola claramente inconstitucional y en ese mismo informe concluyó que es contraria a los estándares europeos democráticos.

Fue directora de la Escuela Judicial durante cinco años, por lo que conoce bien la formación de las nuevas generaciones de jueces. ¿Cree que es necesario introducir cambios en el sistema de acceso a la carrera judicial?

Es evidente que el sistema de acceso se puede mejorar, pero lo cierto es que nunca valoramos lo bueno que tenemos. La Escuela Judicial es un referente en Europa, y en Iberoamérica por supuesto. Los jueces españoles tenemos una muy buena formación técnica. Respecto a quienes defienden que hay que cambiar el modelo para que en la carrera estén representados todos los estratos sociales, cada año a principio del curso en la Escuela Judicial se hace una encuesta a los alumnos en la que se les pregunta si tienen familiares en la carrera judicial. Se sorprendería del escaso porcentaje que tienen familiares que pertenecen ya a la carrera judicial. Las promociones son muy plurales y sus integrantes provienen de todo tipo de estratos sociales. Si la excusa es que hay que cambiar el sistema para que la carrera sea más representativa, es un claro error. La formación se puede mejorar, pero tenemos un sistema de acceso a la carrera muy completo que se basa únicamente en el mérito y la capacidad. No nos regalan nada. Hay que superar unas pruebas de oposición muy duras, lo que supone una media de cuatro años. Y desde luego están fuera de todo tipo de influencias políticas.