El 18 de junio de 2018, recién llegado a Moncloa, Sánchez anunció que trasladaría los restos del dictador del Valle de los Caídos. El Alto Tribunal decidiría sobre la exhumación en otoño.

En febrero de 2017, el PSOE registró en el Congreso una iniciativa para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que aplicara la Ley de Memoria Histórica, con cerca de una veintena de medidas, entre ellas, afrontar de manera «urgente» la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos. El 18 de junio del año siguiente, nada más desembarcar en Moncloa, Pedro Sánchez garantizó que se cumpliría la ley. Han pasado 357 días en los que el antiguo jefe Estado ha protagonizado titulares e informativos con periodicidad y difusión dignas de los días en que se le operaba de urgencia en El Pardo o cuando se produjo su muerte.

La sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidirá presumiblemente mañana imponer medidas cautelares para evitar «un daño irreparable» a los deudos del difunto, puesto que hasta que el Alto Tribunal pronuncie su fallo sobre el fondo de la cuestión pueden pasar todavía meses (quizá en otoño). La familia y la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) confían en que así sea, aunque se muestran cautos. «De producirse como esperamos las medidas cautelares se habrá ganado una batalla pero no la guerra, que seguirá, según Carmen Calvo», apuntaba ayer Juan Chicharro, al frente del legado franquista.

Real decreto-ley

Se trata de una «cruzada» emprendida por el Ejecutivo que topó enseguida con la oposición frontal de la familia y la Fundación Franco, que se niegan al traslado de los restos enterrados en Cuelgamuros desde 1975. También hubo contestación popular y, como ejemplo, los miles de personas, entre ellos Luis Alfonso de Borbón –bisnieto de Franco–, que se manifestaron en julio de 2018 a unos pasos de la tumba del dictador.

Un mes después, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que modificaba la Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos de Franco y Pedro Sánchez anunciaba que crearía una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y el Franquismo.

Los siete nietos se niegan a la exhumación y desafían al Ejecutivo con llevar los restos a la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Moncloa lo descarta aludiendo a la Ley de Memoria Histórica, ya que en su opinión un enclave como ese daría lugar a homenajes y exaltación del que fuera jefe de Estado durante casi 40 años.

La Iglesia

El Ejecutivo sabe que la Iglesia es un escollo que debe sortear para llevar adelante sus planes. La vicepresidenta, Carmen Calvo, viajó al Vaticano a pedir su colaboración, pero la Santa Sede no se comprometió. También se pronunció el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que se negó a a autorizar el acceso al templo. Este aspecto es «crucial» para Chicharro, que asegura que «debería [el Gobierno] haber pedido permiso a la Iglesia para el 10-J y no lo ha hecho».

Informe sobre seguridad

Sánchez declaró en enero que «el procedimiento administrativo» estaba «en sus últimos pasos». El coste de la exhumación se calcula en más de 4.000 euros y un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid desaconseja La Almudena por motivos de seguridad.

Los acuerdos

El 15 de febrero y el 15 de marzo se producen sendos acuerdos del Consejo de Ministros para el traslado de los restos de Franco, aunque no se cuenta con la autorización eclesiástica y la familia se opone. Se mencionan «fecha y hora de ejecución»: el 10 de junio de 2019 a las 10:00 horas.

La familia, la Fundación Franco, la comunidad benedictina del Valle de los Caídos y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos presentan recursos judiciales para evitar el traslado y, sobre todo, que pueda llevarse a cabo antes de que el Supremo haya tomado una decisión.

Obras en Mingorrubio

El Ejecutivo ha defendido siempre el panteón de Mingorrubio, en el cementerio de El Pardo, como destino idóneo para la reinhumación. Allí reposan los restos de la mujer de Franco, Carmen Polo. La titularidad ya está en manos del Estado –antes lo era de Patrimonio Nacional–, y el pasado jueves empezaron unas obras para acondicionar el recinto. Nada que haya causado especial inquietud a la familia, que el lunes presentó una nueva demanda ante el Tribunal Supremo en la que plantea la «inconstitucionalidad» de los reales decretos aprobados para posibilitar la exhumación.

El texto alega que corresponde «en exclusiva» a la autoridad eclesiástica, en este caso al prior de la Abadía, y no es suficiente con una autorización de acceso sino que se precisa una para la propia exhumación que «ha sido expresamente denegada».

Recuerda la familia igualmente las «graves deficiencias» del proyecto arquitectónico de exhumación que fue redactado por Patrimonio Nacional y del informe favorable del Ayuntamiento de El Escorial para la realización de las obras necesarias.

En este nuevo escrito, que podría dilatar aún más el proceso, la familia alega que no se trata de un «caso de extraordinaria y urgente necesidad» que permita la aprobación del real decreto en la medida en que los restos de Franco llevan «cuarenta y tres años» en la cripta del Valle de los Caídos. Y considera que no se dan «las circunstancias excepcionales, graves, relevantes e imprevisibles que la Constitución requiere para permitir que el Gobierno dicte este tipo de normas en vez de ajustarse al procedimiento parlamentario ordinario».