Anticorrupción no quiere que José Manuel Villarejo esquive una condena por cohecho en las dos de las tres primeras piezas del "caso Tándem" que han llegado a juicio. El comisario jubilado fue condenado el pasado julio a 19 años de prisión por delitos de revelación de secretos y falsedad documental, pero consiguió salir airoso de la acusación por cohecho en dos de esas ramificaciones de la investigación principal -"Iron" y "Land"-. De ahí que ahora Anticorrupción recurra en apelación para intentar revertir esa sentencia (que contó con un voto en contra) en lo que respecta al cohecho.

Para la Fiscalía, el tribunal incurrió en una "infracción de norma del ordenamiento jurídico", por la "indebida inaplicación" del artículo 419 del Código Penal, que recoge precisamente el delito cometido por quienes "solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública".

Pero la Sala entendió que los hechos por los que fue condenado "no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas". Según argumentó, a pesar de que estaba en activo, "actuó en la esfera privada y no pública y no llevó a cabo los hechos investigados en el ejercicio de su cargo ni estos guardaban relación con sus actividades públicas". Su actividad, recalcó el tribunal, "en ningún caso tenía como finalidad menoscabar la legitimidad y los criterios de actuación de la Administración Pública, sino obtener unos mayores beneficios particulares ofertando una serie de servicio de difícil consecución, cuanto menos por las vías legales".

Reclama la condena de la esposa de Villarejo

Anticorrupción reclama que se anule esa absolución también respecto a la mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo, y en relación a su esposa, Gema Alcalá, entre otros.

En el caso de que la Sala de Apelación no aprecia esa inaplicación indebida del delito de cohecho pasivo, la Fiscalía pide que se anule ese pronunciamiento absolutorio "por incurrir en manifiesto error en la valoración de la prueba sobre la auténtica actividad desplegada" por Villarejo "y su vinculación con las funciones policiales que tenía encomendadas como comisario en activo al servicio de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía". Es decir, insiste en que cometió los hechos que le sentaron en el banquillo en el ejercicio de su cargo, al contrario de lo que defendió el tribunal.

En cuanto a la pieza "Iron" -la contratación de Villarejo por un bufete de abogados, Herrero&Asociados, para obtener información de un despacho de la competencia ante la sospecha de que les había sustraído la base de datos tras abandonar la firma-, los fiscales de Anticorrupción reclaman del mismo modo que se condene a Villarejo y Redondo por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares en relación a otros tantos perjudicados, argumentando una indebida aplicación de la normativa penal.

En cuanto al "proyecto Land" (la intervención de Villarejo en las disputas de la familia García-Cereceda por la herencia del fundador de la urbanización de lujo La Finca), además de reclamar la condena del comisario jubilado por cohecho pasivo, la Fiscalía pide que se anule -por "manifiesto error en la valoración de la prueba"- la absolución del delito descubrimiento y revelación de secretos en que figura como perjudicado Jaime Ostos, por el que fue acusado tanto el comisario jubilado como Redondo. En esa misma pieza, solicita que se condene a ambos por el mismo delito respecto a la actividad desplegada en relación a otros tres perjudicados.

Absuelto de extorsión

Por último, en cuanto al "proyecto Pintor" (por el que Villarejo sí fue condenado por cohecho), Anticorrupción pretende que el excomisario sea condenado también por revelación de secretos por el espionaje al empresario Mateo Martín Navarro y su esposa.

En esta pieza (en la que Villarejo fue absuelto de extorsión en grado de conspiración) se investigó el encargo efectuado por los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara -marido y cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana- al comisario jubilado para conseguir información de un exsocio, Mateo Martín Navarro, que se había declarado insolvente ante una reclamación de Hacienda que recayó sobre los dos empresarios, que sospechaban que Martín Navarro ocultó su patrimonio para eludir sus responsabilidades fiscales.

Estas tres piezas han sido las primeras del "caso Tándem" (que acumula alrededor de medio centenar) juzgadas en la Audiencia Nacional a raíz de la contratación de la empresa de Villarejo, Cenyt, para llevar a cabo determinados encargos parapoliciales.

Dieciséis absoluciones

Por estas tres investigaciones se sentaron en el banquillo 26 acusados, entre ellos Rafael Redondo, condenado a trece años de cárcel. Otras nueve personas fueron condenadas a penas de entre tres meses y dos años de prisión, mientras que 16 resultaron absueltas, entre ellas la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, además de los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla (cuya condena también reclama ahora la Fiscalía). Antes, el comisario Enrique García Castaño fue apartado del juicio por enfermedad.

En la pieza "Iron", el tribunal condenó a Villarejo a cuatro años de prisión por relevación de secretos de empresa y a otros tres años por falsedad continuada en documento mercantil. En cuanto a "Land", la Audiencia Nacional le condenó a tres años de cárcel por falsificación de documento mercantil y a otros nueve por tres delitos de revelación de secretos particulares con difusión a terceros. Por último, en la pieza "Pintor" los magistrados concluyeron que las acusaciones no han acreditado "la existencia de hechos concretos constitutivos de delito y la participación en el mismo de las personas acusadas".

Una de las integrantes del tribunal, la magistrada Carmen Paloma González Pastor, sí defendió una condena por cohecho, señalando que para llevar a cabo sus actividades ilícitas era "absolutamente imprescindible" contar con la colaboración del estamento policial, que en el caso de Villarejo se plasmó en actos "contrarios a los deberes inherentes a su cargo, y más en concreto, de delitos, atacando así frontalmente el prestigio y eficacia de la función pública, la imparcialidad de sus funcionarios y la eficacia del servicio público a ellos encomendado".