La Fiscalía, muy preocupada por la ciberdelincuencia: “Se automatizarán los delitos”

La Fiscalía General del Estado mantiene una "gran preocupación" por la ciberdelincuencia después de que en 2023 se convirtieran en una de las principales amenazas para la seguridad individual y colectiva en nuestro país dado la continua sofisticación de las técnicas criminales en el ámbito digital.

Una alerta que se desprende de la Memoria Anual de 2024 que el máximo órgano del Ministerio Público ha compartido, como cada año, al inicio del curso judicial.

Durante todo el año pasado aumentaron las estafas online, los ataques a infraestructuras críticas -las esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía-, el ciberespionaje y los delitos contra la privacidad.

Al mismo tiempo, aparecido hasta tres nuevos tipos de conductas criminales en Internet. El conocido como ramsomware, que es el secuestro de datos con el fin de extorsionar a la víctima; los deepfakes, que no son más que la manipulación de imágenes y vídeos para suplantar la identidad de personas, y, por último, la utilización de dispositivos de terceros para la realización de minería ilegal de criptomonedas, que se ha apodado como criptojacking.

En el futuro más cercano se incrementará la complejidad para hacer frente a los ataques informáticos porque serán más difíciles de detectar y de prevenir hasta el punto de que, advierte el Ministerio Público, se implantarán un mayor número y más avanzadas técnicas de Inteligencia Artificial para "automatizar los delitos".

Cada vez también son más los ataques cibernéticos contra móviles y tanto las empresas que trabajan en los citados sectores más críticos como al Gobierno.

La ciberguerra, caracterizada por una lucha entre Estados utilizando como herramienta los ataques informáticos contra sus instituciones, es ya una amenaza emergente para nuestro país y en el contexto mundial, pero no presentan menos riesgos la cada vez mayor desinformación y la propaganda que se difunde en las redes sociales con la intención de manipular a la opinión pública.

La Fiscalía General fija en este extenso memorándum que los esfuerzos de los fiscales deben estar en perseguir "con eficacia" estos delitos, proteger los derechos de las víctimas y defender el orden público y la seguridad en la realidad digital, que ya está asentada como una más en la vida de todos.

Paralelamente, proponen como medidas imprescindibles para luchar contra la creciente y más compleja ciberdelincuencia el reforzar la legislación con una adaptación de las leyes actuales a estas descritas nuevas formas de ciberdelincuencia.

Tipificar como nuevos delitos el criptojacking y los deepfakes; incrementar la inversión en seguridad, fortalecer la seguridad de las infraestructuras críticas y promover que las empresas inviertan en en medidas de seguridad para su autoprotección.

De los escritos de acusación presentados por el Ministerio Fiscal en 2023 relativos a delitos informáticos más de la mitad se refieren a casos de estafas cometidas a través de nuevas tecnologías (2.172) y, le siguen, en segundo lugar, los que implican pornografía infantil o de personas discapacitadas (348). Los tres primeros puestos de este indeseable ranking lo cierran las amenazas y coacciones (344).

Menores

Señala la Memoria de la Fiscalía que "es notorio" el aumento de los menores a los que se les han prohibido judicialmente acercarse o comunicarse con otros por hechos delictivos relacionados con el uso inadecuados de las redes sociales. También la cantidad de menores que se convierten en ciberdelincuentes o difunden discursos de odio de forma digital.

"El pretendido anonimato" que les ofrecerían las redes y "la idea de lejanía" con respecto a lo que se hace dentro de ellas, así como la "inusitada necesidad" de potenciar públicamente la imagen propia en estas plataformas o de lograr un protagonismo imposible en la vida real, "han supuesto un aumento de la capacidad delictiva de los menores y ha llevado también a un aumento claro de su victimización".

Como confirma la Sección de Menores los delitos relacionados directamente con redes sociales que implican a menores son aproximadamente el 26 del conjunto, pero los medios tecnológicos están presentes, directa o indirectamente, en más del 50 por ciento del cómputo general.