El TC examinará el archivo de la investigación por la muerte de 15 inmigrantes en El Tarajal en 2014

El Tribunal Constitucional (TC) examinará el archivo de la investigación judicial de la muerte de 15 inmigrantes en la playa del Tarajal en 2014, por la que 16 guardias civiles fueron imputados por homicidio imprudente y denegación de auxilio. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta decidió finalmente dar carpetazo a la instrucción en 2019 en aplicación de la "doctrina Botín", una resolución que fue confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de Cádiz y por el Tribunal Supremo (TS), pero la ONG Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes recurrió en amparo ante el TC, que ahora acuerda, con el voto en contra de dos magistrados, Enrique Arnaldo (que ha anunciado que plasmará sus discrepancias en un voto particular) y César Tolosa, tramitar ese recurso al apreciar que el asunto tiene una "especial trascendencia constitucional", confirman fuentes de la corte de garantías.

Será el Pleno, en todo caso, el encargado de determinar si el sobreseimiento de la causa vulneró el derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva. Y es que los magistrados de la Sala Segunda han optado por avocar al Pleno esta cuestión, según informan esas mismas fuentes.

Los hechos se remontan al 6 de febrero de 2014, cuando entre 200 y 300 inmigrantes subsaharianos intentaron entrar en Ceuta a nado bordeando el espigón del Tarajal y 15 de ellos perecieron ahogados. Diversas ONG cuestionaron la actuación de los agentes y el empleo de material antidisturbios, pero la magistrada archivó el procedimiento, que la Audiencia de Cádiz ratificó al considerar que su uso fue "adecuado y proporcional".

Los agentes aseguraron a la instructora en su declaración que su actuación se ciñó a la legalidad y que no lanzaron pelotas de goma contra los inmigrantes sino hacia el agua, para intentar así redirigirlos hacia la orilla.

Alta probabilidad de un "desenlace fatal"

La Audiencia Provincial determinó que el día de la tragedia se concitaron diversas circunstancias que podían concluir en un "desenlace fatal" en un alto grado de probabilidad, incluso "prescindiendo en hipótesis de la actuación de la Guardia Civil.

"Si partimos de la elemental prohibición de los castigos colectivos y de que no se está imputando ningún delito de peligro por la utilización generalizada por los integrantes de las unidades intervinientes de medios antidisturbios -señaló la instancia superior-, en ningún caso se ha señalado por las acusaciones o se ha probado ni siquiera indiciariamente qué actos concretos protagonizó cada uno de los investigados que pudieran conformar las figuras delictivas con las que se han calificado los hechos objeto de instrucción". Para la Sala, la actuación policial "se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones".

Ahora, el Constitucional tendrá que determinar si ese archivo se motivó suficientemente para no vulnerar los derechos de las ONG que recurrieron el fin de la investigación que cerró la puerta a un posible juicio.