Según la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el incremento de la cifra de negocio de Soluciones de Gestión está relacionada directamente con la venta de material sanitario en tres contratos que, por la situación de emergencia, se saltaron algunos de los controles habituales, un procedimiento abreviado sin publicidad que en ese momento fue avalado por el estado de alarma. Dos de ellos se firmaron con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que en ese momento lideraba José Luis Ábalos. Y el tercero se celebró con el Ministerio del Interior. Tal como detalla el escrito, en solo siete días la empresa había sido adjudicataria de dos contratos por valor de 36 millones de euros, al que se sumaría el de Interior.

El primer contrato celebrado con la empresa Soluciones de Gestión fue adjudicado por la Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, por importe de 24,2 millones de euros. El segundo, por 12,5 millones de euros, adjudicado por ADIF, también dependiente del titular de Transportes.

El tercero tenía por objeto proveer de material sanitario de protección ante la pandemia al personal de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior. En este caso, lo adjudicó la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial de dicha cartera. El importe de este fue de 3,5 millones de euros.

Aunque la situación pandémica de 2020 justificaba la contratación de urgencia, hubo una serie de pasos y requisitos que no se cumplieron. Tal como señala la denuncia, no se acreditó que hubiera una correlación entre la actividad de la mercantil con el objeto del contrato, tal como exige el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas. La compañía, con sede en Zaragoza, no se dedicaba a la comercialización de material sanitario, sino que prestaba servicios de asesoramiento a actividades internacionales, principalmente de vinculadas a la energía, el agua y a las infraestructuras agrícolas, una actividad que desarrollaba principalmente en países africanos. Además, no tenía ningún proyecto activo desde 2017.

Por otra parte, la empresa no cumplía con los requisitos de idoneidad y solvencia que justificase su elección, ya que no acreditó ningún vínculo empresarial relevante con China, como principal fabricante, que la situara como apta para ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado.

Además, en el momento de la presentación de la denuncia, en marzo de 2022, no se había incorporado en el Portal de la Contratación la documentación de ambos contratos. Únicamente figuraba el anuncio de la formalización.

En los contratos de urgencia, tal como recoge la legislación vigente, no es necesario tramitar el expediente de contratación y se puede realizar “sin justificación, y sin el cumplimiento de ningún requisito de publicidad y pública concurrencia”. Sin embargo, en el escrito del PP se señala que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Cuentas, incluso en estos supuestos de contratación de emergencia, la Administración está obligada a verificar el cumplimiento de los contratistas de los requisitos básicos.

La denuncia da cuenta de otros casos en los que se celebraron contratos de urgencia en los que el contratista podía tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo o en el que no se han cumplido los requisitos obligatorios para la contratación pública. El escrito pone de manifiesto que en estos casos se perjudicó a la Administración debido a los precios desorbitados e injustificados o bien porque finalmente no se suministraron los servicios contratados.