Embargo de 5,2 millones por el 9-N

El Tribunal de Cuentas cita a Mas y a otros diez cargos para que liquiden este 25-S los gastos de la consulta de 2014. Puigdemont llama a la movilización frente a «la estrategia del miedo».

El anunciado choque de trenes entre las instituciones del Estado y de la Generalitat ya está aquí. La colisión es inminente y las consecuencias son imprevisibles, pero, ya es seguro, no saldrán gratis. En vísperas de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, el Tribunal de Cuentas aceleró ayer las medidas para resarcir al erario público de los 5,1 millones que el Govern de Artur Mas gastó en la consulta del 9-N. El mensaje no pudo ser más claro: si los promotres del referéndum del 1-O siguen adelante, sus bolsillos saldrán perjudicados.

De la comunicación del Tribunal de Cuentas hay dos elementos particularmente llamativos. El primero es que los políticos citados para «liquidar» los gastos de la consulta del 9-N no son únicamente Artur Mas y los ex consellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, sino que la lista se extiende a otros siete ex altos cargos. Y el segundo es que la citación es para este 25 de septiembre, es decir, apenas una semana antes del referéndum.

Ante la contundencia del comunicado del Tribunal de Cuentas, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se apresuró a convocar a los medios de comunicación en el Palau de la Generalitat. Lo hizo acompañado del vicepresidente, Oriol Junqueras, y con un primer mensaje destinado a su parroquia: «Si les tocan a ellos nos tocan a nosotros».

Según Puigdemont, la fianza de 5 millones de euros impuesta a ex altos cargos del Govern que promovieron la consulta del 9-N es una medida «desesperada» y una «señal de impotencia» del Gobierno para fomentar temor entre los dirigentes independentistas e impedir el plebiscito. «Es un salto cualitativo en la estrategia para generar miedo», expresó el president.

Para Puigdemont, esta decisión supone «saltarse el Estado de derecho», ya que, en su opinión, «no se han respetado las garantías procesales». «Lo han decidido de manera exprés, sin leerse los expedientes que nos pidieron», dijo. En todo caso, envuelto por las circunstancias y con ganas de mostrarse firme en su desafío, fue la primera vez que se atrevió a confirmar que esta semana se aprobarán en el Parlament las leyes de desconexión.

Sin frenos

«Nada parará el referéndum», advirtió, y añadió que «la determinación es la única respuesta a estos excesos del Estado». Por ello, no dudó en garantizar que esta semana se convocará el 1-O sin titubeos. «Después de cinco años, ahora que faltan 25 días para el referéndum, no nos van a detener», subrayó.

Antes de comparecer ante los medios, Puigdemont se entrevistó con Mas, así como con diversos miembros del Govern, y con los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En este sentido, quiso trasladar todo su apoyo a los afectados por la fianza del Tribunal de Cuentas, a los calificó de «perseguidos». Poco después de este encuentro, las dos entidades independentistas anunciaron una nueva campaña para ayudar a costear estos pagos, tal y como hicieron con anteriores multas.

Finalmente, Junqueras, en la misma línea que Puigdemont, consideró que el momento elegido por el Estado para esta medida «no es casual», sino que pretende intimidar de cara al 1-O. «Es un abuso, es un intento de impedir el referéndum», zanjó.

Lo previsible, de hecho, es que hoy mismo se consume en el Parlament el plan previsto para la desconexión. Hoy, a primera hora de la mañana, está convocada una reunión de la Mesa del Parlament y, a continuación, se procederá a la celebración del pleno. A partir de ahí, se espera que en cualquier instante los diputados de Junts pel Sí y de la CUP fuercen una alteración del orden del día para posibilitar la votación de la proposición de ley del Referéndum, el paraguas legal que Puigdemont –y su gobierno– necesita para firmar el decreto de convocatoria del 1 de octubre.

El guión está escrito, pero falta por ver cómo se plasma y con qué velocidad actúan las instituciones del Estado.