El Supremo exige a Junqueras y los exconsellers la renuncia expresa a saltarse la ley

Junqueras, «los Jordis» y otros siete ex consejeros en prisión se juegan mañana en el Supremo su última baza para salir de la cárcel antes del inicio de la campaña.

Oriol Junqueras y los otros siete ex consellers en prisión comparecerán mañana en el TribunalSupremo, al igual que los líderes soberanistasJordiCuixart yJordiSánchez, «los Jordis», para afrontar su última baza procesal en su objetivo de recuperar la libertad para participar en la campaña electoral del próximo 21-D. El magistrado PabloLlarena, instructor de la «macrocausa» por rebelión, sedición y malversación contra los impulsores del «procés», ha accedido a su petición de declarar apenas unas horas después de recibir sus escritos y les ha citado a partir de las nueve y media de la mañana para, a la vista de sus argumentos y de los del Ministerio Fiscal, valorar si persisten los motivos que esgrimió la juez Carmen Lamela para enviarles a la cárcel.

Llarena deberá decidir si se mantiene el riesgo de fuga y de reiteración delictiva y la posibilidad de que los investigados destruyan pruebas. Como ya anticiparon en sus escritos sus defensas, los ex consejeros de Puigdemont coquetearán ante el juez con la «vía Forcadell», acatando de forma expresa la aplicación del artículo 155 (y, por tanto, su cese) y comprometiéndose, de forma más o menos explícita, a cumplir la ley para defender su proyecto independentista. Un gesto que a la ex presidenta del Parlament le bastó para salir de prisión el pasado día 10, en contra del criterio de la Fiscalía, tras pagar una fianza de 150.000 euros.

Precisamente otra de las incógnitas de la jornada de mañana en el TribunalSupremo radica en la postura que adoptará finalmente el MinisterioPúblico, que el pasado día 2 solicitó prisión incondicional para los ocho ex consejeros de Puigdemont (otros cinco, con el ex president a la cabeza, no acudieron a la Audiencia Nacional y optaron por refugiarse en Bruselas). En ese caso, los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira sólo solicitaron la imposición de una fianza para el que fuera conseller Santi Vila, que dimitió horas antes de que se aprobara en elParlament la declaración unilateral de independencia (DUI) el 27 de octubre.

La baza de las defensas

Según fuentes jurídicas, al ser a estas alturas el riesgo de destrucción de pruebas prácticamente inexistente (la documentación intervenida es abundante y, despojados de sus cargos, los investigados no pueden entorpecer ya la instrucción valiéndose de su condición de consejeros), Llarena tendrá que apreciar, sobre todo, si sigue habiendo riesgo de que se fuguen o de que vuelvan a delinquir.Respecto a la posibilidad de que se sustraigan a la acción de la Justicia, el magistrado ya valoró, al fijar la fianza a Forcadell, que los ex miembros de la Mesa siempre han acudido a las citaciones judiciales (como también hicieron los nueve ex consellers el pasado día 2) a diferencia de Puigdemont. Lamela, sin embargo, consideró la huida de Puigdemont como un indicio de que, de seguir en libertad, sus compañeros que sí comparecieron en la Audiencia Nacional acabarían haciendo lo mismo.

La principal baza de las defensas, por tanto, será intentar demostrar que no existe riesgo de reiteración delictiva con su compromiso de ceñir su proyecto político al diálogo y la negociación y a una interpretación extensiva de la Constitución que en los últimos dos años han ignorado de forma reiterada.

Las fuentes consultadas apuntan que limitarse a acatar el 155«es un brindis al sol».«Es una realidad que les han impuesto y no les queda más remedio», subrayan. Otra cosa bien distinta es, añaden, el compromiso expreso de no saltarse la ley en su defensa de la independencia, que desde el punto de vista procesal«tiene mucho más valor para difuminar el riesgo de reiteración delictiva».Ahí, por tanto, es donde los investigados deberán mostrarse más convincentes huyendo de un mero ejercicio de retórica.

Aparte de la gravedad de los delitos y de las elevadas penas que llevan aparejadas (hasta 25 años por el delito de rebelión y 15 en el de sedición), Lamela justificó la prisión incondicional de los ex consellers en el riesgo de fuga, pues su poder adquisitivo «les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero» y cuentan además con el apoyo de las asociaciones soberanistasANCyÒmnium Cultural, a la que algunos pertenecen.

Asimismo, esgrimió la«alta probabilidad» de que pudiesen ocultar o destruir pruebas y el «alto riesgo» de reiteración delictiva al haber planificado su supuestas actividades delictivas «durante más de dos años».

En cuanto a «los Jordis», en prisión desde el pasado 16 de octubre, la Sala de loPenal de la Audiencia Nacional ya rechazó acordar su libertad al ratificar la existencia de un riesgo de fuga y de reiteración delictiva.Sobre todo tras alertar la Fiscalía de que, incluso desde la cárcel, ambos seguían«llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña», que efectivamente se produjo con la DUI.

En sus escritos al Supremo, Junqueras y los ex consejeros de ERC en prisión acatan el 155 por imperativo legal, pese a dejar constancia de su «más profunda discrepancia política y jurídica» con su aplicación. Del mismo modo, se comprometen a seguir adelante con su proyecto a través de «la negociación y el diálogo» y dentro de vías «estrictamente democráticas», amparándose en una «lectura amplia, progresista y extensiva» de la Constitución.

En sus comparecencias, los investigados ya han anunciado que no declararán sobre los hechos que se les imputan y sólo lo harán en relación a la ausencia de motivos para mantenerlos en prisión provisional.