Entre ellos figuran Junqueras, el candidato Turull, Forcadell, Romeva, "los Jordis", Forn y la fugada Rovira. El Ejecutivo de Puigdemont deberá hacer frente a una fianza de 2,1 millones por los costes del 1-O. El juez Llarena ve aún "latente"la estrategia soberanista pese a la aplicación del 155. Artur Mas, excluido del auto de procesamiento.

Cinco meses después de que el Parlament aprobase la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña culminando la hoja de ruta del proceso soberanista, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por un delito de rebelión al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont;al ex vicepresidente Oriol Junqueras; a siete de sus antiguos consellers, entre ellos el candidato a Jordi Turull-además de Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa-; a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; a los líderes soberanistas Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Omnium Cultural), "los Jordis", y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que no se ha presentado hoy a la vistilla convocada por el magistrado para decidir sobre la situación procesal de seis de los investigados y ha optado por fugarse. Todos ellos también han sido procesados por un delito de malversación, a expensas de que finalmente pueda quedar absorbido por el de rebelión, un supuesto agravado para el que el Código Penal contempla penas que llegan hasta los 30 años de prisión.

Otros cinco ex integrantes del Govern también han sido procesados, pero en su caso únicamente por delitos de malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

Asimismo, el juez Llarena ha procesado por un delito de desobediencia a cinco ex miembros de la Mesa del Parlament -Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet- y a dos dirigentes de la CUP: Mireia Boya, ex presidenta de su grupo parlamentario, y la también fugada Anna Gabriel.

El juez fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 13 ex miembros del Govern de Puigdemont (los 1,6 millones de euros supuestamente malversados para sufragar el referéndum ilegal del 1-O más el tercio legal fijado por ley para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la futura sentencia).

En el auto, se refiere a los hechos investigados como “un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país”. Ese "diseño criminal", dice LLarena "puede no haberse interrumpido"con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pues "cada vez con mayor nitidez"las estrategias desarrolladas por los procesados "parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".

Tanto el ex presidente de la Generalitat Artur Mas como la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia Neus Lloveras no han sido finalmente procesados en esta causa pese a que estaban entre los 28 investigados.

En su resolución, Llarena atribuye atribuye la responsabilidad del "procés"en los últimos seis años a "un concierto"entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña al margen de la legalidad vigente. En marzo de 2015, recuerda, se amplió el concierto de la actuación supuestamente ilegal "a otras agrupaciones distintas de los partidos políticos que conformaban la mayoría política que prestaba soporte al Gobiernode la Generalitat y que habían firmado el pacto de legislatura”. De este modo, añade, se acordó una hoja de ruta entre CDC y Esquerra con las entidades soberanistas Omnium, ANC y la Asociación de Municipios para la Independencia.

El magistrado sostiene que los ex consellers procesados “pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias"para impulsar el proceso soberanista y "pese a la suspensión y nulidad de los decretos para la celebración del referéndum", continuaron con la "permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de estado"así como para "divulgar su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional y de la ciudadanía", además de "desplegar la actuación que consideraron precisa para llevar a término la votación de autodeterminación", lo que finalmente se llevó cabo en el Parlament el 27 de octubre del pasado año.

En la resolución se enumeran hasta siete concentraciones convocadas por las entidades soberanistas para intentar forzar al Estado a negociar. Y se detiene especialmente en el "asedio de hasta 60.000 manifestantes, cuya masa se agolpaba hasta tocar la propia puerta de entrada del edificio"durante los registros a la sede de la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre. Esos hechos, recalca, "reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia"que exige el delito de rebelión.

En cuanto a la jornada del 1-O, cuyo coste a cargo de las arcas públicas cifra en 1,6 millones de euros, Llarena atribuye a los Mossos la responsabilidad de "boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción", con un despliegue de 7000 agentes, cuando en jornadas electorales normales superaba los 12.000. En el auto tambiénse detallan parte de los "múltiples actos de violencia"que acaecieron durante la jornada electoral, y de "amenaza de un uso aún mayor de la violencia"contra los agentes que intentaron dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir la celebración.