El Supremo archiva la causa contra el juez que asesoró a empresarios de la trama de ITV

El Tribunal Supremo (TS) ha archivado la causa contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Emilio Aragonés Beltrán, que estaba acusado de haber asesorado durante cuatro años a uno de los empresarios investigados en el caso de las ITV, en que está imputado Oriol Pujol.

En un auto, el Supremo decreta el sobreseimiento libre de la causa abierta contra Aragonés porque la Fiscalía presentó la acusación contra él transcurridos tres años desde la comisión de los hechos investigados, aunque reconoce que hay indicios de que incurrió en un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

La Fiscalía pidió al Supremo que abriera diligencias contra Aragonés, al entender que mientras era magistrado de la sala de lo contencioso-administrativa del TSJC asesoró de forma "continuada"entre los años 2006 hasta 2010, a la empresa de ITV Certio, administrada por uno de los empresarios acusados de intentar amañar el mapa de inspecciones de vehículos en Cataluña.

La causa contra Aragonés parte de la investigación del caso de las ITV, en que está imputado por cohecho y tráfico de influencias el exdiputado de CDC Oriol Pujol y que también derivó en una pieza separada en la que el exmagistrado del TSJC Joaquín Ortiz Blasco fue condenado a dos años de suspensión de empleo y sueldo por asesorar a dos empresarios de la presunta trama corrupta.

Mientras asesoraba supuestamente a los empresarios, según la Fiscalía, el magistrado presidía la sala contencioso-administrativa del TSJC que debía resolver sobre los recurso que la empresa Certio presentó contra el mapa de adjudicaciones de estaciones de ITV que había aprobado el gobierno tripartito.

Los indicios del ministerio público contra Aragonés se basaban en los correos electrónicos incautados en el caso de las ITV, en que también permanece imputado el exnúmero 2 de la Diputación de Barcelona Josep Tous, así como en las escuchas telefónicas a que fueron sometidos los empresarios involucrados en la presunta trama corrupta.

El pasado mes de septiembre, la defensa del magistrado presentó un escrito ante la sala del Supremo que investiga a Aragonés dada su condición de aforado, en la que pedía el sobreseimiento libre de la causa porque, de probarse que cometió hechos incardinables en el delito de negociaciones prohibidas en funcionarios, estos habrían prescrito.

La Fiscalía, por su parte, aceptó la prescripción del caso y apoyó la petición de la defensa de que se decretara el archivo de la investigación abierta contra él.

Según mantiene el Supremo en su auto, el delito "fue presumiblemente cometido entre 2006 y junio de 2010", por lo que cuando la sala abrió diligencias contra el magistrado en octubre de 2013 habían transcurrido ya los tres años que establece el Código Penal para la prescripción del delito de negociaciones prohibidas.

El Ministerio Fiscal acusó de negociaciones prohibidas al juez del TSJC, al entender que de los correos incautados se desprende "un contexto de asesoramiento tan continuado que casi parece ejercicio de actividad profesional de abogado"en beneficio de Certio, aunque descartó atribuirle un delito de cohecho.