El Rey apelará a la concordia tras el acoso a la Corona

Ignora los ataques de los separatistas y baja el tono en el discurso para recobrar la normalidad.

El discurso del Rey en los Premios Princesa de Asturias genera gran expectación en cuanto a que es el «reducto» de la Corona para que radiografíe con libertad la situación del país. Hasta el mensaje de Navidad, que se suele decir que no sale de los muros de la Zarzuela, tiene más lupa por parte del Ejecutivo. A día de ayer, aún no estaba terminado, en cuanto a que si Felipe VI es de releer y meter pluma en cualquier mensaje que lleve su rúbrica hasta minutos antes de que vaya a hablar, por obvias razones en este caso aún más.

El año pasado, el mensaje del Jefe del Estado adquirió un tono completamente inusual. «España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional», aseveró el Monarca, y advirtió de que «ningún proyecto de futuro se puede construir basándose en romper la convivencia democrática». Estas palabras, que contaron con una cerrada ovación en el teatro Campoamor de Oviedo, suscribían el previo mensaje a la Nación del 3-O, en el que habló de la «inadmisible deslealtad» de la Generalitat y apeló a las instituciones a velar por el orden democrático y hacer valer la ley tras la celebración del referéndum ilegal. En aquel entonces, el órdago secesionista había alcanzado unas dimensiones impensables dentro de una sociedad democrática, y España esperaba una respuesta de Felipe VI, máximo representante del país. Este mensaje de unidad valió como excusa para que el sector separatista y más radical del país haya centrado su estrategia en derribar a Felipe VI, que es lo mismo que acabar con la Institución que representa la unidad del país. Las descalificaciones continuas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, abrieron la estrategia de acoso que ha terminado con la aprobación en el parlamento catalán de reprobar la figura del Monarca. Ante esta situación, fuentes cercanas a Felipe VI aseguran que la Institución no entrará en las provocaciones, principalmente porque significaría darles material para provocar nuevos ataques, y también porque desde la Corona se tiene plena confianza en el funcionamiento del modelo de Estado de Derecho del país, y se respeta que, como en toda nación regida por valores democráticos, exista el derecho a cuestionar las instituciones que representen al país mediante los cauces democráticos. La Justicia española ha demostrado que, en caso de que no sea así, habrá consecuencias jurídicas para los que se salten la ley.

«Constitución, Constitución y Constitución», es la frase que sale permanentemente de los labios de los portavoces de la Casa del Rey, y en el discurso de mañana Don Felipe hará hincapié en lo que puede conseguir el país sin ceder ante los intentos de fracción. En 2016, Don Felipe apeló a una España alejada del «pesimismo» debido a la coyuntura política y confiada en los logros obtenidos, y el año anterior pidió «valorar» lo que «hemos construido juntos», no «lo que nos separa o debilita». En el contexto actual, recuperará ese tono en sus discursos.

Al Rey, que se le exige neutralidad política, le reserva la Constitución el deber de colaborar con el presidente del Gobierno. Pero a Sánchez, que tras la moción de censura que le catapultó a La Moncloa prometió lealtad al Rey, no le resulta tarea fácil cumplir su palabra con unos socios de investidura empeñados en terminar con la Corona, y no sólo por los secesionistas, si ERC le ha advertido que «pagará muy caro» haber elevado la reprobación al Rey al TC, el también líder de Podemos, Pablo Iglesias, con quien ha firmado un acuerdo para sacar adelante los presupuestos, ha cuestionado el gesto del presidente. No cabe duda de que la Casa del Rey ha tomado en consideración la iniciativa de Sánchez: la Institución emite contados comunicados, y uno de ellos ha sido recientemente para salvar la imagen de Sánchez tras su error en la línea de saludos del Palacio Real el pasado 12-O. En resumidas cuentas, el Rey no moverá ficha de momento y confía en que los poderes del Estado serán garantistas del cumplimiento de la ley.