El PSE avala un referéndum para que el País Vasco sea una nación

Ratifica el pacto con el PNV, que incluye el «derecho a decidir» y equipara a las víctimas. Malestar en la gestora, que «estudiará con atención» lo que afecta al modelo de Estado

El PNV y el PSE-EE ratificaron ayer a través de sus órganos internos el acuerdo de gobierno pactado entre la formación jeltzale y los socialistas para la próxima legislatura. El texto supone para el partido de Idoia Media una asunción casi total de algunas de las medidas más controvertidas del programa con el que Iñigo Urkullu se presentó a las elecciones, dando cabida a postulados que los socialistas no defienden particularmente, pero a los que se dará viabilidad en el Parlamento gracias a dicho acuerdo. Se trata, en concreto, de lo referente a la «actualización del Pacto Estatutario Vasco», que se activará a través de una ponencia parlamentaria en la que todos los grupos de la Cámara podrán presentar sus aportaciones relativas al autogobierno. En la redacción del acuerdo, los partidos firmantes se reconocen mutuamente «libertad» para defender sus respectivos postulados, conscientes de que no comparten los mismos planteamientos en ciertos asuntos de calado. «Para su debate, búsqueda de consenso y acuerdo» se especifican ciertas materias sobre las que está asegurado su tratamiento en la ponencia parlamentaria, tales como el «reconocimiento de Euskadi como nación», el «reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco» y la «reforma de la Constitución para ampliar las potencialidades del autogobierno vasco y blindar el ámbito competencial», entre otras. Los acuerdos que se adopten sobre éstas y otras medidas «serán sometidos a la decisión de la ciudadanía, para que se ratifiquen mediante referéndum», reza el texto.

Aunque los socialistas vascos no son partidarios del «derecho a decidir» si pretende equipararse al «derecho de autodeterminación», lo que consideran «una argucia retórica», según fuentes del PSE consultadas por LA RAZÓN, lo cierto es que su pacto con el PNV prácticamente garantiza la consulta a la ciudadanía sobre esta cuestión, pues tanto la formación de Urkullu como EH Bildu y Elkarrekin-Podemos coinciden en defender la legitimidad de que el pueblo vasco se pronuncie sobre el modelo de país que prefiere la mayoría. Ya en campaña, la candidata de Bildu, Miren Larrion, se mostró dispuesta a ir de la mano del lendakari para defender este referéndum antes de trasladar su resultado a Madrid y pedir su aprobación en el Congreso. Por su parte, Pili Zabala (Podemos) también defiende la «vía canadiense» –que hasta ahora había enarbolado el PSC– para reclamar que los vascos expresen si quieren seguir siendo parte de España pero de manera «legal y democrática». PNV (28), Podemos (18) y EH Bildu (11) suman 57 escaños, suficientes para sacar adelante cualquier iniciativa.

Algo similar ocurre con el término «nación». Los socialistas vascos dicen «no sacralizar, pero tampoco consideran un tabú» esta denominación, que sí genera suspicacias en la gestora del PSOE y que ha llevado a un distanciamiento con el PSC por su defensa. El PSE estaría «dispuesto a estudiar su incorporación en el futuro texto estatutario si queda claro que no se fundamenta en una supuesta soberanía diferenciada ni en el derecho político a constituirse en Estado, sino atendiendo a razones culturales, históricas o lingüísticas». El PNV difiere de este sentimiento y considera a Euskadi un «nuevo sujeto político, en una nación» que establece un nuevo marco de relaciones «institucionalizadas con el Estado». De nuevo la connivencia de los socialistas vascos sólo influye para que este tema se debata, ya que sus 9 escaños no son trascendentales para vetar o facilitar su aprobación, pues la aritmética de la izquierda abertzale y los nacionalistas es suficiente.

En el pacto también se tratan otros temas como el «fin ordenado de ETA». En este ámbito se incluye una amplia agenda de trabajo para «impulsar una propuesta sobre desarme definitivo y para la disolución de ETA», impulsar medidas de apoyo a las víctimas y de compromiso con la memoria y con la política penitenciaria. Entre las medidas de apoyo a las víctimas se acuerda apoyar la Ley de Reconocimiento y Reparación de víctimas aprobada el 28 de julio de 2016 por el Parlamento Vasco, una norma que equipara las violaciones de derechos humanos, ya sean provocadas por terroristas o por agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. Esta ley estuvo envuelta de polémica en su aprobación, pues el Ministerio del Interior se pronunció en contra al señalar que vulneraba la Constitución, porque al no exigir una sentencia o resolución administrativa que reconozca una vulneración de los derechos humanos «invade las reservas del Estado».

Las claves

- Autogobierno

Se busca aumentar el autogobierno, debatiendo el reconocimiento del País Vasco como nación o del derecho a decidir.

- Desarme y presos

El «final ordenado de ETA», el acercamiento de los presos o la transferencia de la competencia de centros penitenciarios.

- Víctimas

Se apoyará el desarrollo de la ley que equipara las víctimas del terrorismo con las de agentes policiales o públicos.

- Euskera

Crecimiento social del euskera, aumentando el número de vascohablantes y mejorando la competencia lingüística.

- Empleo

Se postula como el «eje básico» del pacto, con el objetivo de reducir el paro por debajo del 10 por ciento.